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En Chile ha finalizado un debate transparente -con participación de los sectores sociales y con análisis comparativo de la legislación internacional- para endurecer, al estilo de Japón, la Ley de protección de datos personales, con penas que implican multas de 32,081 dólares y hasta seis meses de cárcel contra el Gerente de Privacidad Corporativa designado por cada empresa para controlar los datos personales de sus clientes, que viole dicha ley.

La nueva Ley chilena, que debió entrar en vigor en enero de 2012, prohíbe de forma absoluta el traspaso de datos personales para fines comerciales sin el consentimiento expreso del titular de los datos. Con esta ley –expresan los parlamentarios chilenos- “pretendemos resguardar a la ciudadanía de nefastas prácticas, garantizándole a los ciudadanos el derecho a conocer la forma en la que se manejarán sus datos, así como también la identidad de quien los controla y el propósito con que serán utilizados”.

La Ley contiene los principios rectores a nivel internacional en protección de datos, como son licitud, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad e información.

Este nuevo concepto, llamado internacionalmente “Habeas Data”, concede a todo cliente de una empresa el derecho a saber qué datos tienen sobre él, con qué fin, así como a cancelarlos, rectificarlos, y oponerse incluso, al tratamiento.

No se puede dejar un espacio de arbitrariedad por parte del sector privado o público, sin control ni límite para acceder y transferir datos privados, sin someterse a ninguna regulación.

Una empresa guatemalteca, Infor.net, tenía registrados los números de cédula, tarjetas de crédito, teléfonos, antecedentes judiciales y deudas bancarias de todos los nicaragüenses, sin que estos hubieran autorizado la utilización de sus datos (manejo de información sensible que los pone en situación de riesgo ante el crimen organizado, que pudiera secuestrarlos, asaltarlos y chantajearlos).

Es de destacar que los derechos humanos del siglo XXI consideran que por tres vertientes ocurre una evolución y actualización de los derechos imprescindible del hombre y del ciudadano. Ello ha dado lugar a la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes.

La protección de datos personales es considerada un derecho humano emergente en la época informática.

Este nuevo derecho tiene por objetivo regular el tratamiento de la información personal y evitar la invasión de la privacidad y la manipulación de la misma.

Informa al cliente en materia de protección de los datos personales en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Las empresas o los sujetos regulados por la Ley, son las personas físicas o morales que manejen todo tipo de datos personales, lo que significa que el usuario debe ser contactado si su información personal cambia de manos o es usada por otra compañía u organización, como empresas financieras o de marketing.

Algunas empresas coaccionan a sus clientes a cederles el derecho a compartir sus datos con entidades que elaboran estrategias de marketing. Esta práctica, de no realizar una venta o de no proveer un servicio si el cliente no cede alguno de sus derechos, es censurada mundialmente (por las leyes universales que protegen a los consumidores) como abuso contractual de la parte dominante.

En los países avanzados, usualmente el ombusdsman pone al alcance del ciudadano la experiencia de sus funcionarios para que en las contrataciones de telecomunicaciones, gas, luz, gasolina, televisión y servicios de Internet no se permitan contratos con abusos de los proveedores de los servicios. Y alertan a los consumidores para que no sean presa de prácticas comerciales perjudiciales.

En la Legislación española este derecho de protección de datos, consignado en la Ley 15/99 del 13 de diciembre, permite a los ciudadanos acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de la información personal. Por sus iniciales, estas acciones personales son conocidas comúnmente como derechos ARCO.

Los Credit Bureau, integrados en España por 200 empresas, entidades financieras, empresas de telecomunicaciones, editoriales, compañías de energía, etc., aportan la información de sus impagos con fines de gestión del riesgo comercial, pero es un sistema estanco (en el cual los proveedores y los clientes del sistema son los mismos), y está regulado por la Ley de protección de datos, de modo que al titular de los datos le asisten los mismos derechos ARCO. 

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por decisión unánime de sus miembros, firmó el primero de marzo de 2012 un dictamen de Ley de Protección de Datos Personales que sancionará a las empresas privadas y públicas que proporcionen datos personales a terceros.

* El autor es Ingeniero Eléctrico