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El presidente Arnoldo Alemán, por Acuerdo Presidencial 436-99, creó la Comisión de Trabajo para el Gran Canal Interoceánico, y el Presidente Enrique Bolaños refrendó dicha comisión con el Acuerdo Presidencial 160-2002.

El 2 de Octubre de 2006, don Enrique presentó ante la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, el estudio  para la construcción del Gran Canal de Nicaragua.

Ante el futuro de incertidumbre en cuanto a la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, nuestro presidente de la República, Daniel Ortega, por si las moscas, ha revivido el tema del canal. Con estos precios del petróleo, sin Hugo en Venezuela, solo un megaproyecto como el canal sacaría del atolladero al país.

Sin sueldo, como el resto de miembros de la comisión, fui nombrado en 1999 como asesor legal de la Comisión del Gran Canal, y con la cooperación del doctor José  Pallais Arana, se redactó el anteproyecto de Ley del Gran Canal Interoceánico Acuático de Nicaragua, que es el marco jurídico que regula lo concerniente al canal, el cual debió de ser presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación durante 2006, pero no se presentó, y es hasta ahora que parece impulsarlo nuevamente el presidente Ortega.

Es necesario continuar el avance en el proyecto del canal, lo cual requiere actualizar la Ley del Gran Canal y promulgarla. Dicha Ley tiene por objeto fijar las reglas para el estudio de factibilidad del proyecto, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Gran Canal, estableciendo el proceso de otorgamiento de su concesión o de un acuerdo de participación pública-privada, APPP, y declara de prioridad e interés nacional dicho proyecto; así como también patrimonio de la nación, de acuerdo a la Constitución; y establece sus características de neutralidad y de servicio público internacional, cuyo funcionamiento no podrá interrumpirse por causa alguna.

El anteproyecto de Ley del Gran Canal armoniza el pleno ejercicio de la soberanía con la necesidad de obtener en los mercados mundiales de capital los fondos requeridos por los inversionistas  privados y de contribuir a la factibilidad del proyecto.

Establece la necesidad de un estricto control medio-ambiental y el impacto positivo de su manejo sostenible, así como la transparencia y equidad del proceso de asignación de la concesión o sobre el APPP, facilitando así la participación de importantes grupos de inversionistas privados.

Se crea la Comisión del Gran Canal como un ente administrativo, descentralizado, adscrita a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida  y plena capacidad para contraer derechos y obligaciones.

En dicha Ley, también se establecen los derechos y obligaciones del Estado, así como los de quien obtenga la concesión o los del APPP. Se determinan cuáles serán los ingresos del Estado, la propiedad de la ruta, el proceso de adquisición de las áreas de dominio privado y comunal, así como que la defensa y seguridad del Gran Canal corresponden exclusiva e indelegablemente al Estado de Nicaragua, a través de su Policía y Ejército. Se prevé, además, la creación de una zona económica especial y los modos de extinción de la concesión.

Sin la promulgación de  Ley del Gran Canal es poco lo que se puede avanzar en el proyecto. Aquí no hay duda de qué es primero: la gallina o el huevo. Si el inversionista no mira la gallina, no hay huevos. Ningún inversionista se va a interesar si no existe un marco jurídico que regule todo lo antes expuesto y se garantice su inversión de forma transparente.

Como corresponde a un proyecto nacional, la Comisión del Gran Canal debe ser nombrada creando una imagen de estabilidad y continuidad, a prueba de vaivenes políticos, pues sería lamentable que en cada cambio de poder, el gobierno entrante, a como es usual en nuestro país, mande al carajo a la Comisión nombrada por el gobierno anterior.

Ojalá que el señor Presidente de la República comprenda que la comisión tiene que reflejar a la nación, no a un partido, gobierno o “ismo”, y que las glorias personales nunca le han traído beneficios a nuestro pueblo.

El Presidente de la República debe procurar la inmediata actualización de la Ley del Gran Canal y su aprobación por la Asamblea Nacional. Hacerlo así, es decir: “vamos en serio”. Se lo debemos al pueblo.

* El autor es abogado.