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“Ni mano dura ni mano suave, se requiere una mano inteligente”
PNUD. Informe Desarrollo Humano para Centroamérica sobre Seguridad Ciudadana. 2009-2010.

Los acuerdos de paz o transición (Nicaragua 1990, El Salvador 1992, Guatemala 1996), las reformas constitucionales (El Salvador 1992, Nicaragua 1995, Honduras 1995) y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995), expresaron, al terminar el conflicto armado, la intensión política de fortalecer el carácter civil de la seguridad pública; que fuera civil, subordinada al poder civil, profesional y separada del ejército. El consenso partió de la desafortunada experiencia del siglo XX y de que la función policial es de naturaleza civil y cercana a la comunidad, distinta a la función militar.

La desmilitarización asumida formalmente comenzó a expresarse en la legislación, organización y capacitación en cada país, sin ser plenamente lograda. Se vio limitada por la costumbre, el incremento de la delincuencia, las nuevas amenazas del crimen organizado transnacional y la insuficiente capacidad de las fuerzas policiales. Los ejércitos encontraron la oportunidad para justificar su existencia y presupuesto. Ante la ausencia de agresiones armadas, volvieron a incursionar crecientemente en la seguridad pública.

La población, desesperada por la violencia criminal, redujo confianza en los órganos policiales y los militares recuperaron la credibilidad deteriorada durante el conflicto, justificando la presencia de soldados patrullando. Los gobiernos dispusieron del ejército para atender la demanda social. Fue insuficiente el énfasis para fortalecer la profesionalización y capacidad operativa de las policías. La fuerza armada en Centroamérica goza de mayor credibilidad según las encuestas; tiene influencia política nacional, posee capacidad económica a través de sus instituciones de seguridad social, disponen de asignación presupuestaria significativa, cuentan con medios y tropas que, al no usarse en la defensa militar, permanecen entrenadas y disponibles para la seguridad pública.

Aunque “desmilitarizar la seguridad” no fue algo homogéneo en la región, lo visible fue utilizar tropas en el campo y después en las ciudades, para patrullajes conjuntos al principio y seguidamente en operativos independientes. Desarrollaron vigilancia en costas y fronteras en la lucha contra el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado, al carecer la policía de medios acuáticos y aéreos.

Otra fase de profundización de la militarización fue nombrar a oficiales retirados o en servicio activo como ministros, directores o asesores de seguridad pública, policía e inteligencia. Esto implica que la visión que se promueve es militar, obedece a un enfoque doctrinal distinto, ya que la función policial, de naturaleza civil, se formula y ejecuta con militares que aunque tengan una formación “moderna”, absorben una cultura militar; es de esperar entonces decisiones estratégicas y operativas con esa concepción. ¿Qué pasaría si los hospitales se llenaran de ingenieros y las escuelas de trabajadores de salud?: se desvirtuaría la naturaleza de su función, por lo tanto es recomendable decir: “zapatero a su zapato”; yo  agrego: “en su zapatería”.

Otra posible expresión de “militarizar” el estado, es el incremento de oficiales activos o retirados en cargos de elección y designación, lo que, desde la vieja doctrina de seguridad nacional, puede interpretarse como la incapacidad de los “civiles” de administrar “la cosa pública”, debiendo recurrir a militares porque son “obedientes y disciplinados”. Militarizar la política y la seguridad llevó en el pasado a lamentables consecuencias. ¿Hemos aprendido de ello? En Nicaragua, debido a la revolución de 1979 y en Costa Rica que carece de ejército, se requieren considerar otras particularidades.

¿Justifica el fin los medios? ¿Debe el estado utilizar lo que tenga a su alcance para tratar de frenar los niveles incontrolables de delincuencia que ponen en evidencia el frágil sistema institucional? La mayoría de la población no rechaza ni percibe riesgosas o ilegales estas decisiones; es preocupación de políticos, académicos y organizaciones sociales. La gente quiere respuestas socioeconómicas y de seguridad; esa es su verdadera preocupación.

“Militarizar” tiene como acción visible a los soldados en el patrullaje urbano y rural y el nombramiento de militares en las instituciones de la seguridad pública, pero es realmente más: es la manera de abordar la seguridad. Si es centralizada, vertical, reactiva, coercitiva, rígida, muestra un despliegue de poder altamente jerarquizado y autoritario; si no privilegia la descentralización, la horizontalidad, la prevención, la participación comunitaria, la discusión y decisión colectiva en la toma de decisiones internas; podemos decir que tiene rasgos “militaristas”.

No es suficiente usar el nombre “civil”, es fundamental otro pensamiento y actuación. En Centroamérica esto no se ha logrado plenamente, tal vez por cultura e historia, y por las condiciones de desarrollo humano que limitan la participación ciudadana y el desarrollo institucional.

*El autor es economista, experto en seguridad pública.
www.franciscobautista.com