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Podemos entender el concepto de funcionario público desde diferentes ámbitos; desde el punto de vista doctrinario nos podremos encontrar infinidad de términos que relacionen este tipo de actividad pero que al final siempre terminan en la actividad que realizan los seres humanos dentro de la estructura formal del ente que producto del pacto o contrato social fue denominado Estado.

Sin embargo, cada país tiene su propia definición jurídica, están contempladas en las normas relacionadas a la Función pública, que sustenta la categoría de esta noble actividad; siempre y cuando se desarrolle estrictamente para beneficio del pueblo. En Nicaragua esta definición se encuentra en varias leyes que van desde el Código penal hasta la Ley de probidad de funcionarios públicos; también en Instrumentos Internacionales que desde hace años son Leyes internas.

Todos estos instrumentos normativos dejan totalmente claras las circunstancias y requisitos para que un individuo sea funcionario de la administración pública. En esta categoría se encuentran los nombrados de manera administrativa y ejecutiva, así como aquellos que producto del ejercicio democrático de las elecciones son incorporados al servicio de la nación; cualquiera de ellos, independientemente de la forma en que han llegado al Estado, tienen como denominador común la voluntad de aceptar el cargo.

No puede ser considerado jamás funcionario público aquella persona que pretenda ser incorporado como producto de una sentencia o una sanción que a la fuerza le obligue a prestar servicio al Estado, por lo tanto, es condición indispensable la aceptación voluntaria y libre del cargo para el cual fueron nombrados o electos. En tal sentido, no procede en ninguna circunstancia la exigencia de responsabilidades, ni mucho menos el goce de beneficios o privilegios de parte del Estado, a la persona que no acepta voluntariamente el cargo.  

Nuestra ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley No. 438 de Agosto de 2002, señala en su arto. 6 las Definiciones Básicas y en su inciso e) reza: “Servidor Público: Cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido nombrados, designados o electos para desempeñar la función pública al servicio del Estado. También será considerado servidor público toda persona natural que se desempeña como funcionario o empleado con ejercicio de autoridad o jurisdicción o bien sin ella, por elección directa o indirecta, o por nombramiento de autoridad competente, por concurso y/o cualquier otro medio legal de contratación, que participa de manera principal o secundaria en las funciones o actividades públicas de los organismos, dependencias o instituciones autónomas, descentralizadas o desconcentradas del Estado, del municipio y de las Regiones Autónomas; asimismo quienes de cualquier manera administren bienes o fondos del Estado o del municipio por disposición de la ley, de los reglamentos o por designación”.

Corresponde entonces a los funcionarios públicos la llamada Declaración de Probidad, la cual se encuentra contenida en el mismo artículo señalado anteriormente y el inciso “h”: “Declaración Patrimonial: Informe que rinde el servidor público por ministerio de la Constitución y la presente Ley, ante la Contraloría acerca de sus bienes, los de su cónyuge, acompañante en unión de hecho estable, hijos o hijas menores de edad que estén bajo su responsabilidad legal”.

La definición establece como enlace o requisito necesario para esta figura la calidad de funcionario público. No se puede exigir este tipo de declaración a aquellos que no tengan esta condición; desde el punto de vista jurídico es improcedente.

Hay ejemplos actuales y muy palpables: el caso de los diputados electos o que por derecho constitucional lo son, siguiendo con la exigencia de presentar la declaración de probidad. La misma ley de Probidad en su arto. 20 señala: Sujetos a presentar Declaración Patrimonial: Todo servicio público del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir el cargo y después de entregarlo, en particular los servidores públicos siguientes:. Diputados ante la Asamblea Nacional y Parlamento Centroamericano...”

Es fácil identificar entonces que aquellas personas que fueron electos diputados o que constitucionalmente tienen el derecho de serlo, deberán primero estar en la condición de funcionario público para que proceda la exigencia y la responsabilidad, y de forma imprescindible deberá primar el requisito insoslayable de la aceptación voluntaria y expresa del cargo que están por asumir; de lo contrario, al no aceptar, ni la Contraloría General de la República ni ningún otro organismo nacional podrá bajo ninguna circunstancia exigir algo a alguien que en la estructura del Estado simplemente no existe.

*El autor es abogado.