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La nueva Ley, -denominada 50-50-, independientemente de que es parte del nuevo pacto de los usurpadores del glorioso Partido Liberal Independiente y el orteguismo, contiene una suma de irregularidades y es innecesaria e impositiva.

En el contenido de la Constitución de la República hay varios artículos relacionados con los derechos de todos, hombres y mujeres, así como los impedimentos que inhiben al Poder Ejecutivo a penetrar las funciones de los otros poderes del Estado.

Me refiero al arto. 27 que ordena que todas las personas tienen derechos, que son iguales ante la Ley sin importar toda índole de procedencia, incluyendo su género; el 48, ordena que “se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos”, y “la igualdad entre el hombre y la mujer…”

El 50, añade que “los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos”; el 51 ordena que ciudadanos, hombres o mujeres, tienen el derecho de elegir y ser electos.

El contenido literal del Arto 158 Cn., colisiona con la Ley 50-50. Dice: “El Alcalde, el Vicealcalde y los concejales serán electos por el pueblo mediante sufragio universal, igual, directo, libre, y secreto, de conformidad con la Ley; serán electos -Alcalde y Vicealcalde- los candidatos que obtengan la mayoría relativa de los votos”.

Es un hecho que los y las legisladores que redactaron esta Constitución del 19 de noviembre de 1986, omitieron precisar la igualdad de género en las palabras de este último artículo; asunto del pasado pero hecho cierto, y cuyo sentido es discriminatorio. Pero es subsanable, al interpretar que aunque las palabras de este artículo son hacia lo masculino, se colige que es un mandato para todos.

Esta Ley tiene muchos inconvenientes que los proyectistas no subsanaron. Procede de un presidente inconstitucional; por jerarquía y por doctrina colisiona con la Ley Electoral que indica: “Los partidos políticos, sus estatutos y Reglamento están sujetos a la Constitución de la República”, por tanto este decreto no pueden obligar ni someter a los partidos políticos a cambiar sus estatutos y reglamentos; el inc. 4 del 62, les concede este derecho, y el inc. 2 del arto. 63, garantiza la mayor participación democrática (de sus miembros, hombres o mujeres) en los procesos de elección de sus candidatos, etc.

Este decreto que impone la paridad de los electos entre hombres y mujeres, también colisiona con el Arto 154 de la Ley de Municipios, cuya redacción es contundente: “Se realizarán elecciones de modo personal y secreto de Alcalde y Vicealcalde en cada uno de los municipios del país”. Omite la paridad gramatical, pero en ninguna de sus letras señala esta, y el Presidente no tiene jerarquía para cambiar por la vía de un decreto la Ley Electoral. Antes de enviarla a la Asamblea él y sus proyectistas debieron subsanar todos estos inconvenientes.

Yo no niego que esta paridad sea justa. Lo que afirmo es que tiene instintos y objetivos electorales y populistas. Correcta sería si la intencionalidad de quien lo propone tenga objetivos ajustados a la búsqueda de un bien común, y sin que por ello, espere, busque y tenga retribuciones electoreras que beneficien a quien aparece como promotor de la intención

En los últimos años, el frentismo focalizó su atención en la juventud y en las masas desposeídas; atrapó su gratitud mediante prebendas como láminas de zinc, mochilas, bonos mensuales y préstamos en dinero, etc. Ahora, añade la segura presencia en las posiciones de los Concejos a los CPC, compuestos por madres, ciudadanas y obreras de todas las edades. Esta masa de ciudadanas representa el 60% de la población activa.

Desde 1974 las mujeres han sido mayoría en Nicaragua. Si sumamos la arbitrariedad en la entrega de cédulas de identidad a quienes estén agradecidas con el orteguismo y si la situación venezolana no cambia tendremos orteguismo para mucho rato.

Una noche de noviembre, regresando de una cena de amigos, evocaba los pronósticos que hacía un furibundo diputado frentista relacionado con “el cambio de sistema” y cuyo perfil político es hoy como el miau de un gato recién nacido.

Una voz interna me dijo que se debía esperar las movidas del orteguismo, y es evidente que este decreto es el segundo de ellas para el cambio en el bull pen. El primero fue la transferencia de las reservas del país a un banco. Este nuevo decreto es una reforma a la Constitución sin haberle tocado ninguna cana.

* Periodista, abogado y notario