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Una vez derrotado Daniel Ortega en las elecciones presidenciales del 25 de febrero de 1990, el 21de marzo, promulgó la Ley No. 83, Ley de Inmunidad, publicada en La Gaceta No. 61 del 27 de marzo de 1990, cuyo texto legal en su artículo 2, dice: “Gozan de la inmunidad los expresidentes y exvicepresidentes electos por el voto popular directo a partir de las elecciones de 1984. Además de la inmunidad, se les otorgará una pensión vitalicia equivalente al salario que devengue el Presidente y Vicepresidente de la República en ejercicio”.

El artículo 3 preceptúa: “El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General de la República la partida necesaria para dar cumplimiento al artículo anterior”.

Desde 1984 han pasado como presidentes y vicepresidentes de la República, Daniel Ortega Saavedra y Sergio Ramírez Mercado; Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Godoy Reyes; Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños Geyer; Enrique Bolaños Geyer y José Rizo Castellón; Daniel Ortega Saavedra y Jaime Morales Carazo.
Desde los 90 el pueblo de Nicaragua carga sobre sus hombros, como una cruz, a cinco expresidentes y cinco exvicepresidentes de la República, con un total de diez exfuncionarios que gozan del privilegio de tener una pensión vitalicia mensual equivalente al salario que devenga el actual Presidente de la República.

Otra prerrogativa que tienen los expresidentes y exvicepresidentes, es que una vez que dejan el cargo pasan, ipso facto, a ocupar el curul de diputado regalado en la Asamblea Nacional y diputado al Parlamento Centroamericano; de tal suerte que, amén de recibir una pensión vitalicia, reciben el salario de cinco mil dólares como “diputados regalados” en el Parlamento Nacional o Parlamento

Centroamericano; es decir, tienen las manos llenas: con la mano derecha reciben la pensión vitalicia y con la mano izquierda el pago de “diputado regalado”, con lo cual se embolsan del erario público 15 mil dólares mensuales, y no sabemos hasta cuándo el pueblo seguirá siendo sangrado, dentro de la enorme pobreza que lo tiene agobiado.
¿Cuánto representan en gastos estas pensiones que salen del presupuesto? Partiendo del supuesto que el salario del Presidente y

Vicepresidente de la República oscila entre los 5 y 10 mil dólares, entonces la pensión estará sujeta a esos salarios de forma mensual, sin incluir lo que reciben como paga de “diputados regalados” en la Asamblea Nacional y Parlamento Centroamericano. Ambos al año representan 180 mil dólares; en cinco años, 900 mil dólares; en  veinte años,  3 millones 600 mil dólares... Si hablamos solo de un expresidente y un exvicepresidente de la República.

La suma anterior se incrementa a partir de la inclusión como pensionados vitalicios a Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños. Ambos empezaron a recibir pensión en el 2002. Esto significa que en diez años hay un gasto de un millón 800 mil dólares, a lo que hay que agregarle la pensión vitalicia, que empezó a recibir el exvicepresidente Jaime Morales Carazo a partir de enero-marzo de 2012, por lo que ha recibido hasta ahora 15 mil dólares.

Sumando todas las pensiones pagadas a los ex, llegamos a la bicoca de 5 millones 415 mil dólares. En esto no se incluye el salario que devenga el actual Presidente de la República: se cree que recibe 20 mil dólares mensuales (pensión vitalicia y pago por ejercer el cargo).

En el Presupuesto General de la República de 2012 la Presidencia recibirá un presupuesto solo para pagar salarios de más de cuatro mil millones de córdobas, equivalentes a 170 millones de dólares; en ese monto van las partidas para pagar las pensiones vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes de la República.

Siendo Nicaragua el segundo país más pobre de América Latina, no puede darse el lujo de estar manteniendo las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes; todos esos  recursos podrían ser destinados para mejorar  escuelas o mejorar los salarios de los maestros. Quizá países desarrollados puedan darse el lujo de pagar pensiones vitalicias, pero nuestro país no está en capacidad para imitar a los países ricos. En consecuencia, la Ley No. 83, Ley de Inmunidad del 27 de marzo de 1990, debe ser reformada o derogada, pues el pueblo no debe seguir cargando la oprobiosa cruz de las pensiones vitalicias impuestas de manera inmoral.

Granada, 16 de marzo 2012
*El autor es abogado y notario público