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En otras ocasiones hemos señalado que la esencia de la democracia es la tolerancia frente a las discrepancias, la aceptación de la legitimidad del derecho a la diferencia de opiniones, y que la prueba superior del espíritu democrático es la capacidad de alcanzar acuerdos a pesar de esas discrepancias y diferencias.

Todo lo contrario del totalitarismo, ya sea capitalista como el caso del fascismo, o socialista como en el caso del comunismo, en que se pretendía la unanimidad de opiniones, llegándose al extremo de exterminar a quienes se consideraba diferentes, o contrarios, como fue el caso de Hitler y Stalin.

Señalamos lo anterior, porque a propósito de las diferencias que han surgido en la Alianza PLI en cuanto a cómo gestionar un eventual diálogo con el gobierno para recuperar la institucionalidad democrática, desde el oficialismo y sus allegados han tratado de ver en esas diferencias de opinión divisiones insuperables.

Es lógico que así sea por el talante obviamente totalitario del orteguismo, donde la menor discrepancia, por ligera que sea, es intolerable, al extremo ridículo que en días recientes enviaron un proyecto de reforma legal entre cuyos objetivos está eliminar de los billetes en circulación la firma del recién defenestrado Presidente del Banco Central, quién se atrevió a manifestar una discrepancia técnica con Ortega en cuanto al manejo de las reservas monetarias del país.

Pero sería ingenuo no darse cuenta que incluso voces de incuestionables credenciales democráticas se han alzado manifestando preocupación frente a lo que desde sectores de la Alianza PLI luce como unilateralismo demasiado solícito de un diálogo al cual, hasta ahora, el gobierno ha prestado oídos sordos, cuando no lo ha tratado con sorna y espíritu burlón.

Como también sería ingenuo no darse cuenta que la gestión no democrática de las diferencias arriesga que las mismas se conviertan en división, y cuestiona seriamente la calidad del liderazgo de quién así actúa.

Fabio Gadea y yo hemos sido categóricos sobre el tema: respeto a las diferencias de opinión, sí, división de la oposición, no.

En nuestro artículo de la semana pasada decíamos que “han sido numerosas las voces nacionales e internacionales que se han alzado reclamando transformaciones profundas en el sistema electoral, incluyendo autoridades del mismo, como paso primario e indispensable en el proceso más amplio de rescate de la institucionalidad democrática”.

Reclamar lo anterior hace todo el sentido del mundo, porque de los escombros en que está la institucionalidad democrática lo que requiere atención con mayor urgencia es la recuperación de la confianza y credibilidad del sistema electoral. Pero el sentido de esta demanda no termina aquí: en torno a la misma concurre una amplia correlación de fuerzas, incluyendo las que dentro y fuera de Nicaragua respaldan las recomendaciones de los informes de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, OEA.

Finalmente, y si del sentido de esa demanda de reforma del sistema electoral se trata, una manifestación categórica del gobierno en la dirección de atenderla, sería una de las “medidas de confianza” que normalmente se acostumbran para hacer viable cualquier diálogo y negociación orientado a la solución de conflictos y controversias.

El gobierno, entonces, tiene la palabra.

* Economista y político