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No es nada nuevo la crisis económica y social que vive el país, dentro de esto está asimismo la crisis de la seguridad social. Es notorio observar como miles de adultos mayores reclaman en base al arto. 49, de la Ley del INSS,  la pensión reducida de vejez, sin que a la fecha obtengan una respuesta. Las autoridades aducen que no hay fondos para otorgarla. Sin embargo, el INSS, se da el lujo de hacer préstamos millonarios (Tomás Borge y Mario Valle), entrega fondos de los pensionados a la banca privada, para que esta obtenga ganancias en la construcción de viviendas.        

Los factores de la crisis del Seguro, vienen desde la época del somocismo, cuando en la Constitución Política de 1950, el artículo 97 estableció: “El Estado establecerá el Instituto Nacional de Seguridad Social a favor de los trabajadores, para cubrir los riesgos de enfermedades comunes, invalidez, ancianidad y desocupación, mediante racional concurrencia del Estado, el beneficiario y del Patrón”.

En Seguridad Social, existen dos modelos: el primero se funda en otorgar prestaciones a los trabajadores en función de su historial laboral previo y de la rama productiva en la que se ocupan; el segundo es el de prestaciones universales y de cuantía única. El primero fue el que adoptó el somocismo de 1955-1979. Solo el trabajador cotizante tenía derechos para recibir los beneficios de previsión social. Los que recibieron los beneficios del Seguro Social en la mitad del siglo XX, elogian el modelo como el mejor. Empero, el sistema solo se aplicaba a un 20% de la Población Económica Activa (PEA), el 80%, no tenía ningún tipo de Seguridad Social. Los asegurados comprendían solo a los trabajadores de Managua, el resto de trabajadores del país, no gozaron de Seguro Social, fue con la Revolución Sandinista, que en 1982, llegó el Seguro Social a los departamentos.

El primero de marzo de 1982, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, dictó el decreto 974, extendiendo el Seguro Social a trabajadores agroindustriales, cooperativas campesinas, milicias populares, madres de Héroes y Mártires, lisiados de guerra, etc. En los años 80 los asegurados en casos de enfermedades, eran atendidos en el Sistema Único de Salud, es decir, en los hospitales públicos, el INSS, pagaba por el servicio a los hospitales.

Luego, con el gobierno de doña Violeta Barrios se crearon la Clínicas Previsionales, que se convirtieron en gran negocio privado. Los asegurados son atendidos en estos centros, por lo que las clínicas reciben millones y millones de córdobas del Seguro Social. En estos negocios está involucrados funcionarios públicos, diputados, etc. que se han hechos ricos con el dinero de los trabajadores.

El seguro universal, es el que impera en Nicaragua, por lo cual los beneficios, no son solo para los trabajadores cotizantes, sino que personas que nunca cotizaron reciben beneficios, entre otros adultos mayores que por Ley de la Asamblea Nacional, reciben pensiones vitalicias,  hijos, esposa y familiares del asegurado. Son pocos los que cotizan, pero muchos  los que demandan beneficios, por lo que el sistema está a punto de colapsar.

El modelo de Seguridad Social es inicuo, por cuanto hay una distribución injusta de los recursos, puesto que el 20%, de los jubilados se lleva el 60% de los fondos, en este grupo están exfuncionarios y empleados públicos, las pensiones que recibe este segmento oscila los mil quinientos dólares mensuales, mientras que el 80% de los jubilados, recibe menos de 50 dólares mensuales.  El modelo demuestra que hay una inicua distribución de la Seguridad Social.

Las aportaciones para el Seguro Social, tiene la escala siguiente: Trabajador 6,5% de su salario, Patrón el 15% del salario del trabajador, el Estado el 0,25%.

Las aportaciones del patrón son consideradas costos de producción, por tanto se deducen de la declaración del Impuestos  sobre la Renta. Aun así, hay patrones que no reportan al Seguro Social los trabajadores que tienen en sus empresas.

Uno de los graves problemas que arrastra el Seguro Social,  es que el Estado y sus instituciones (alcaldías) no enteran las cuotas al Seguro, por esa morosidad no reciben sanción  alguna, pese a que las deducciones las realizan puntualmente del salario de los trabajadores. En un próximo artículo, se analizarán las distintas opciones que tiene el Seguro Social para salir de la crisis estructural que la embarga.  

* Abogado y Notario Público