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El principal objetivo de la reforma bancaria española aprobada mediante Decreto Real Ley 2/2012 del 25 de marzo de 2012, es la creación de provisiones específicas, genéricas y dotación de nuevo capital, que cubran el saneamiento de los activos inmobiliarios y otras carteras de riesgo vinculadas a la promoción inmobiliaria que fueron afectadas por la crisis del 2008.

El saneamiento total se calculó en 50,000 millones de euros, de los cuales 25,000 millones corresponden a provisiones específicas y 10,000 millones a provisiones genéricas, las cuales deben realizarse con cargo a los resultados del 2012.  Los 15,000 millones restantes corresponden a un “Colchón de Capital” que deberá constituirse contra beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de preferentes (acciones, bonos convertibles, deuda subordinada, etc.).

Hay tres elementos subyacentes que son claves para el éxito de la reforma bancaria impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy:  

La dotación de capital y las provisiones específica y genérica deben estar concluidas el 31 de diciembre de 2012.

Las provisiones deben efectuarse con cero coste para el erario público. Esta es una exigencia fundamental en consonancia con las metas de déficit que España ha comprometido ante la Comisión Europea en Bruselas.

Las entidades que decidan por la fusión y que presenten sus planes de integración a más tardar el 30 de junio de 2012, podrán optar a financiamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, a través de emisiones de bonos convertibles contingentes pagando una tasa de interés cercana al 8%, y tendrán un plazo de dos años para constituir las provisiones.

El saneamiento se realizará de una sola vez, incidiendo en la cuenta de resultados del 2012. El propósito del gobierno es que las entidades empiecen el ejercicio en 2013, con un balance saneado, para generar confianza y credibilidad en el sistema financiero.

La reforma bancaria ciertamente es una necesidad impostergable que merece ser coronada con éxito para sentar las bases de una pronta salida de una de las mayores crisis económicas que ha enfrentado España en mucho tiempo. No obstante, algunas instancias de opinión consideran que esta reforma es imposible, tal como está formulada, por las siguientes razones:

La falta de apoyo de los grandes bancos: Los presidentes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, y Santander declararon que no absorberán ninguna Caja de Ahorros, sin ayudas públicas en niveles similares a las que fueron otorgadas en 2011 al banco Sabadell en la absorción de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (el mayor rescate bancario en la historia de España).

Algunas Cajas de Ahorros, como Caixa y Bankia, han declarado estar dispuestas a fusionarse, pero sus directores expresaron que tampoco lo harán sin ayudas públicas.

Las entidades de depósitos españolas tienen un escaso margen antes de provisiones. En 2010 el margen fue de 34,000 millones de euros, y hasta septiembre de 2011 era de 19,000 millones. Por tanto, las provisiones específicas y genéricas, que totalizan 35,000 millones, difícilmente podrán ser cubiertas con márgenes tan reducidos. Por lo menos no podrían ser cubiertas en un solo ejercicio.

El saneamiento total de 50,000 millones de euros fue calculado con los activos existentes al 31 de diciembre de 2011, pero  el deterioro previsible de los balances en el 2012 hará que la cifra de saneamiento pendiente siga aumentando.

La recuperación del crédito no se producirá mientras no se provisionen las pérdidas inmobiliarias, y mientras la economía no crezca no habría demanda de crédito solvente.

La financiación bancaria de los mercados mayoristas exige la solución de la crisis de la deuda soberana, que es otra de las asignaturas que tiene pendiente  el Gobierno español.

Las entidades que no cumplan dentro de los plazos previstos la constitución del “Colchón de Capital” con recursos propios y las provisiones exigidas, serían intervenidas y puestas a subasta, lo que inevitablemente requeriría más aportaciones de recursos públicos.

Por lo tanto, la meta del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de sanear el sistema bancario español en un solo ejercicio (2012) y sin ningún coste para el erario público, se presenta como imposible de acuerdo con estos argumentos.

Ahora bien, los sucesos que tengan lugar de aquí al 31 de diciembre de 2012, en términos de la implementación de las medidas del Real Decreto Ley 2/2012, dirán la última palabra sobre la viabilidad de esta reforma bancaria cuyo punto más vulnerable aparenta ser el calendario de ejecución de las medidas requeridas para el saneamiento.

* Economista