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En diciembre de 2010, Mohammed Buzzi, vendedor ambulante tunecino, se prendió fuego al estilo bonzo, motivado por la desesperación económica y el sentimiento de injusticia. Se dice que este acto fue el desencadenante de las protestas que culminaron en la primavera árabe, con las consecuencias ya conocidas por todos.

El pasado 4 de abril de 2012, un jubilado griego de 77 años, Dimitris Christoulas, se suicidó frente al Parlamento, en Atenas, en protesta por los recortes de su pensión, como parte de las sucesivas rondas de recortes de salarios y pensiones implementadas por el gobierno griego en el marco de los ajustes presupuestarios.

La nota de Christoulas decía que el gobierno le negó toda esperanza para su supervivencia y que no podía conseguir ninguna justicia. Que no tenía otra forma de lucha, salvo un final digno, antes que empezar a mendigar y recoger comida en la basura. El portavoz del Gobierno griego dijo: ¨Esta es una tragedia humana¨. Por otra parte, la multitud reunida coreaba: ¨Esto no es un suicidio, es un asesinato cometido por el Estado¨. En Atenas se están produciendo airadas protestas por este caso. No sabemos que deparará el futuro.

Las muertes de Buzzi y Christoulas, ponen de manifiesto la tragedia humana de los asalariados frente a los ajustes fiscales. Para la burocracia estatal encargada de formular e implementar políticas económicas de ajuste, y para la burocracia de los organismos internacionales, solamente interesa el resultado de esas políticas. Para ellos no existe una dimensión humana donde los actores más afectados son las personas reales. Son los trabajadores y jubilados de Grecia, España, y Nicaragua, por mencionar solo unos cuantos países.

Da lo mismo despedir a trabajadores con muchos años de laborar en las empresas, que recortar salarios y pensiones. No importa que los recortes también afecten a todo el núcleo familiar. No importa no crear fuentes de trabajo para la creciente masa de jóvenes técnicos y graduados universitarios que se vuelven elegibles para ingresar al mercado laboral. No importa reducir los rubros del gasto social. No importar extender los años de la jubilación y aumentar las cotizaciones requeridas para recibir la pensión. Todo es válido para los gobiernos con tal de lograr las metas de déficits comprometidas.

Lo triste es que en muchos países los ajustes laborales son inequitativos, ya que  se recorta a un gran número de trabajadores pero no se tocan los enormes sueldos, gastos de representación, viáticos, bonos, seguros, combustible gratis y otros beneficios que recibe un reducido grupo de funcionarios ubicados en diferentes instancias del Estado (Secretarías o Ministerios, Parlamentos o Asambleas, etc.).

Pero la tragedia es todavía más evidente cuando el ajuste fiscal afecta a los jubilados. Personas que en las postrimerías de su vida no tiene posibilidad de incorporarse al mercado laboral ven mermados sus ingresos por los recortes decretados. En vez de premiarse el esfuerzo de toda una vida del jubilado por contribuir al crecimiento y fortalecimiento institucional de su país, se le castiga de manera inhumana. ¡Esta es la cara más odiosa del ajuste fiscal!.

El Informe sobre ¨Riesgos Globales 2012¨, del Foro Económico Mundial, FEM, señala que una constelación de riesgos fiscales, demográficos y sociales apuntan a un futuro “distópico” para la mayoría de la humanidad (una cultura indeseable donde no nos gustaría vivir). El informe agrega que una interacción de estos riesgos podría resultar en un mundo donde la mayor parte de los jóvenes tengan que lidiar con altos niveles crónicos de desempleo, a la vez que el mayor número de jubilados de la historia comienza a depender de gobiernos con alto endeudamiento.

Precisamente, los jóvenes y los jubilados en muchos países de Latinoamérica y Europa ya han sido afectados enormemente por las crisis de deudas soberanas y por las políticas de ajuste fiscal, por lo que de hecho ya están enfrentando una verdadera distopía.

El FEM se pronunció contra las soluciones ¨fáciles¨ que implementan los gobiernos, como son los recortes salariales y las modificaciones a las bases para calcular las  pensiones, y formuló un llamado de atención tanto al sector público como privado, para que aporten nuevas vías, capaces de realinear las expectativas de una comunidad global cada vez más inquieta.

Por nuestra parte, abrigamos la esperanza de que cuando se prepare y se discuta en la Asamblea  Nacional de Nicaragua la versión definitiva de la reforma de pensiones, se imponga la solidaridad frente a la frialdad de los criterios técnicos de nuestros burócratas y legisladores.

* Economista