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Durante el quinquenio 2007-2012, gobernado por Daniel Ortega, el país experimentó fuertes tensiones políticas, derivadas del denunciado fraude electoral de 2008;  violaciones constitucionales provocadas por el Decreto Ejecutivo que mantuvo en sus puestos a funcionarios con cargos vencidos; atropello a la Carta fundamental de la República con la sentencia de la CSJ que declaró inaplicable el art. 147 Cn., que inhabilitaba a Ortega correr como candidato presidencial.

Esta situación de ingobernabilidad hizo que surgieran voces en la sociedad clamando por un diálogo nacional. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso al llamado y nunca mostró voluntad política para sentarse a dialogar con la oposición.

Pasadas las cuestionadas elecciones 2011, los resultados fueron nuevamente impugnados por la oposición, pero los comicios no solamente fueron puestos en tela de duda por los nacionales, sino que los observadores internacionales, la OEA y la UE, manifestaron que las elecciones no fueron transparentes, que hubo serias irregularidades en la acreditación de fiscales y en el conteo de votos; que los magistrados del CSE, como jueces, no fueron imparciales, por lo cual recomiendan hacer reformas profundas a la Ley Electoral.

No se sabe con certeza si es por la crisis económica mundial, pero a raíz de las elecciones 2008 y 2011 la cooperación económica de países europeos, poco a poco fue saliendo del país, incluyendo la Cuenta Reto del Milenio. A esto hay que sumarle que la Secretaria de

Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton, pidió que se revise con pinzas los créditos que organismos multilaterales como FMI, BM y BID, conceden a Nicaragua; amén a esto está pendiente la dispensa en los los casos de los confiscados. Para remate, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, demanda que se apliquen sanciones fuertes contra Nicaragua, por lo que ellos llaman violaciones a la Carta Democrática de la OEA.

A lo interno, la llamada oposición política, encabezada por Eduardo Montealegre ha estado tanteando el terreno para ver la reacción de la sociedad, clamando por un diálogo, una  reedición del caduco pacto Ortega-Alemán, con el único objetivo de reclamar su cuota de poder en la CSJ, CSE, Fiscalía, Contraloría, etc. El llamado al diálogo lo que pretende es repetir la vieja historia. Así como el pacto le sirvió a Arnoldo Alemán salir bien librado de los cargos de corrupción, ahora es Eduardo quien se encuentra desesperado, gritando por un diálogo de cúpulas, el cual le permitirá anular la acusación por los Cenis.

Por ello no extraña que hace algunos días la Asamblea Nacional declaró extemporánea la solicitud de quitar la inmunidad al diputado Montealegre. Esa deferencia es porque la bancada del PLI ha estado votando disciplinadamente a favor de los proyectos de ley que el gobierno ha enviado al hemiciclo con carácter de urgencia.

Aunque el gobierno de Ortega ha manifestado despectivamente que no hay ninguna prisa para dialogar, asumiendo una actitud arrogante y prepotente, atenido a la fuerza que ostenta en la Asamblea Nacional y en el control de los poderes de Estado, con lo cual pone de manifiesto las debilidades del pasado: que el gobierno solo accede a un verdadero dialogo nacional cuando tiene puesta una pistola en la cabeza; de otra forma no hay voluntad para sentarse a revisar y resolver los ingentes problemas que aquejan a la nación.

Al gobierno de Ortega, en esta coyuntura, le conviene sentarse a dialogar o pactar con la mal llamada oposición política, pues su posición a nivel nacional e internacional es la de un presidente de facto, pero el diálogo no será nacional ni de concertación, como algunos pretenden.

El pacto de cúpulas solamente servirá para distribuirse los puestos públicos en el Estado. En la mesa de negociaciones participarán únicamente los acólitos de Ortega y de Montealegre;  ahí no estarán trabajadores, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil, ni la Iglesia Católica ni la Evangélica.

Los asuntos a tratar en el nuevo pacto no serán el desempleo, la inversión, la producción y productividad; la modernización del Estado, la institucionalidad, reformas al sistema de justicia y electoral; no se tocarán los cuellos de botella que tiene el país. Y no se abordarán porque lo que más motiva políticamente a los pactistas es conservar y fortalecer las cuotas de poder y sus privilegios, sin importarles el hambre y la pobreza de este pueblo.

Granada, 17 de abril de 2012
* Abogado y Notario Público