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El concepto de propiedad tiene un origen primitivo, desde la misma conformación de la sociedad en el ser humano se fue acrecentando la percepción de la pertenencia sobre algo; desde los instrumentos de labranza hasta determinados territorios, todas las culturas fueron desarrollando cotos o castros, que eran zonas amuralladas sobre los cuales desarrollaban su vida cotidiana y demarcaban su espacio protegido de las demás personas no pertenecientes a su grupo.

Impulsado con bastante auge tras la Revolución francesa de 1789, el Estado entonces se arrogó la potestad discrecional de superioridad entre las partes; la cláusula social exorbitante de posesionarse de la propiedad privada a través de un acto administrativo y basado en la norma y un interés social, es el asidero fundamental del Estado contemporáneo en cuanto a los límites del derecho a la propiedad.

Los derechos constitucionales no son todos de carácter ilimitado, el derecho a la propiedad tiene sus límites, se mantienen los clásicos que derivan fundamentalmente de la evolución del derecho administrativo; en Nicaragua la Constitución Política de 1987 establecía una manera clásica de tomar la propiedad de los privados, era la figura de la confiscación. Las reformas constitucionales posteriores a partir de 1995 eliminaron esta forma jurídica de quitar; se prohíbe en la actualidad cualquier tipo de confiscación.

Era la manera de satisfacer los caprichos de los funcionarios públicos en detrimento de la propiedad de un ciudadano que justamente había adquirido sus bienes. Además, era una manera gratuita que tenía el Estado de hacerse de los bienes de otro, solo operaba la voluntad de la administración y sin ningún tipo de compensación o indemnización al perjudicado, usualmente se hacía por motivos políticos o revanchistas.

Las reformas constitucionales mencionadas cambiaron totalmente este concepto; en la actualidad se mantiene la figura de la expropiación. La Constitución vigente lo refleja de manera clara en  cuando señala:

“Artículo 44. Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización. Tratándose de la expropiación de latifundios incultivados, para fines de reforma agraria, la Ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e intereses que se reconozcan en concepto de indemnización. Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

El texto constitucional es diáfano, solo puede expropiarse por un interés debidamente comprobado, a través de un acto administrativo que tenga un asidero legal y tenga una motivación suficientemente motivada, hecho de cualquier otra forma se convierte en una confiscación disfrazada, en un acto arbitrario muy distante de una discrecionalidad administrativa que tiene una base normativa sólida.

La aplicación estricta de esta disposición le corresponde fundamentalmente al Estado a través de sus diferentes instituciones, la misma Carta Magna señala en dos artículos fundamentales:

ARTÍCULO 182. La Constitución Política es la Carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.

ARTÍCULO 183. Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.

Basados en semejantes premisas constitucionales, el Estado a través de sus funcionarios debe apegarse estrictamente a la legalidad, no se puede desatar el fantasma de las confiscaciones queriendo disimularlo con las expropiaciones antojadizas; dañan a la sociedad, a las empresas, a las inversiones, y por tanto, atentan contra el derecho al trabajo.

Siendo actores en esto los propietarios legítimos de los bienes, quienes fundamentalmente generan los empleos en este país, entonces, la garantía de la propiedad en Nicaragua tiene suficiente asidero jurídico; basta con que los funcionarios no se extralimiten en sus funciones. Solo así, con esa responsabilidad cumplida, es que podremos construir la Nicaragua de justicia a la que todos aspiramos.

* Abogado. Msc.