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En Nicaragua se han dado cuatro leyes electorales en los últimos cuarenta años. La de 1974, la número 1413, de 1984; la 211, de 1996, y la 331 del 2000; a las que se suman una serie de pequeñas reformas, más bien de carácter adjetivo.

Actualmente, se debate en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de Reforma a la Ley Electoral, auspiciado por el FSLN, y una contrapropuesta de la Bancada Democrática Nicaragüense. La del FSLN institucionaliza los centros de votación, hace una sumatoria de Juntas Receptoras de Votos, da facilidades a la acreditación de fiscales, pero manda a eliminar del Padrón Electoral a los ciudadanos que se abstuvieron de votar en los últimos cuatro períodos.

Tanto la Ley Electoral de 1974 como la del 2000, vigente todavía, se caracterizan por limitar el derecho de los ciudadanos y de los partidos políticos de participar o no en los distintos procesos electorales.

Curiosamente, la Ley Electoral de los 80 fue menos onerosa para los ciudadanos y los partidos políticos. No castigaba la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos en los procesos electorales. Permitía las alianzas con nombre libre y la propuesta de candidatos en una o varias elecciones y en una o varias circunscripciones, y las candidaturas por suscripción popular.

La de 1996 fue benevolente y generosa, sobre todo en materia de financiamiento estatal a los partidos políticos. La Ley número 331 anuló los avances experimentados por las leyes de 1984 y 1996 y limitó los derechos de los partidos no suscriptores del pacto del 2000 (PLC y FSLN) en beneficio de los mismos, distribuyéndose presidentes y primeros miembros de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, y presidentes y primeros miembros de las Juntas Receptoras de Votos. Prohibió la constitución de alianzas con nombre libre para designarlas con nombre de unos de los partidos coaligantes y privó, mediante la media mayor, llamada “media mañosa”, de escaños residuales a los partidos de tercer y cuarto lugar.

Además, por reforma constitucional, aumentaron de 5 a 7 los miembros del Consejo Supremo Electoral, en su propio beneficio. La opción como derecho del ciudadano de votar, y del partido político de participar en procesos electorales, está consignada en el artículo 55 constitucional vigente, el cual destaca que los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos con el fin de participar, ejercer y optar al poder. El derecho como tal es facultad y no deber u obligación; por tanto, se viola el derecho constitucional de los ciudadanos al obligarlos a participar en los procesos electorales, bajo la pena de privar del Padrón Electoral al ciudadano y a la personalidad jurídica o al partido político que se abstuvieren de concurrir a los comicios.

Propuestas concretas para una verdadera reforma electoral:
El 5 de mayo pasado la comunidad histórica liberal independiente puso en manos de la diputada Alba Palacios, presidenta de la comisión parlamentaria que dictamina la reforma a la Ley Electoral, un aporte de contenido sustantivo y procesal compuesto de 15 puntos.

Recomienda que se debe respetar el derecho de los ciudadanos y partidos políticos de participar en los procesos electorales; permitir su participación en alianza con nombre libre; integrar de manera proporcional los consejos electorales –departamentales y municipales- y Juntas Receptoras de votos con miembros de todos los partidos políticos; suprimir la media mayor en la asignación residual de escaños municipales y parlamentarios; autorizar a los partidos políticos el registro parcial o total de candidatos para una o varias elecciones y en una o varias circunscripciones electorales, conforme el espíritu del artículo 50 de Ley número 1413.

Se recomienda, de igual manera, la formación de partidos regionales en el Pacífico nicaragüense, igual que como se permite en la Costa Atlántica; incorporar las candidaturas independientes por suscripción popular; penar el transfuguismo político –el abandono de un diputado o concejal del partido por el que salió electo a otro partido o movimiento político-; la supresión de la prohibición del uso de los conceptos “Nicaragua” y “Patria” en los nombres de los partidos; la observación nacional amplia y sin exclusiones; las elecciones primarias para cargos de elección popular.

En materia procesal, se recomienda institucionalizar la Dirección General de Atención a Partidos Políticos y la Secretaría de Actuaciones del CSE, para mejor operatividad del CSE en dos salas –la Administrativa y la Contenciosa-, y el procedimiento para recursos en materia de partidos políticos y fiscales, con el silencio administrativo positivo en favor de los recurrentes.

* Periodista y abogado