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Con la progresiva generalización de regímenes políticos democráticos en América Latina a partir de los años 80 (el fin de la dictadura argentina en 1983, y posteriormente las de Uruguay, Brasil y Perú en 1985, y así sucesivamente), en muchas instancias nacionales e internacionales se intensificó el debate sobre democracia representativa y democracia participativa.

Frente a quienes tenían una visión contradictoria y excluyente entre democracia representativa y democracia participativa, ese debate en general se saldó admitiendo, y con frecuencia normando y hasta constitucionalizando, que eran complementarias.

El tema viene a colación porque el inconstitucional presidente Ortega, y sus voceros, han estado justificando la propuesta de multiplicación del número de concejales a título de fortalecer la democracia participativa.

¿Qué credibilidad puede tener ese intento de justificación si instancias amplias y plurales de participación, que venían funcionando bastante bien, como los Consejos de Desarrollo Departamental, CDD y los Consejos de Desarrollo Municipal, CDM, han sido sustituidas por instancias partidarias y verticales, que solamente reciben órdenes, como son los CPC?

Por si lo anterior fuese poco, quisiera hacer una reflexión complementaria. En el contexto del debate mencionado al principio, sobre democracia representativa y democracia participativa, en la región quedó establecido que el acceso a la información gubernamental era la puerta de entrada de la participación.

Esta fue una de las razones por las cuales se generalizó la aprobación de Leyes de Acceso a la Información.

Es nuestro caso, que tenemos una Ley semejante pero que el gobierno de Ortega no ha cumplido en ningún caso.

¿Cómo puede haber participación si ni siquiera se tiene acceso a la información en la mayoría de las instituciones del gobierno?

En Nicaragua, en verdad, no tenemos ni participación, ni representación, porque los votos no se cuentan bien, las instituciones gubernamentales no rinden cuentas y ha desaparecido la independencia de los poderes del Estado, que son los rasgos esenciales de la democracia representativa.

Ese es el contexto desde el cual hay que hacer oposición en la Asamblea Nacional. Las propuestas de reforma electoral que envió Ortega son un remedo, y por tanto, consensuar uno u otro aspecto de las mismas no hace mayor sentido.

Como lo han señalado muchas voces, y tan solo hace pocos días lo reiteró el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, las reformas deben considerar las propuestas más amplias y de más calado que han formulado las misiones de observación electoral y otras organizaciones especializadas en temas electorales, y sobre todo deben ir acompañadas de nuevas autoridades electorales, imparciales, creíbles y confiables.

Porque podemos tener una Ley Electoral perfecta, pero a la vez perfectamente inútil si las autoridades electorales se roban los votos. Y en esta materia, lamentablemente, no hay la menor señal de avance.

* Economista