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El Gobierno de la República de Nicaragua ha introducido ante la Asamblea Nacional  el anteproyecto de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que  procura  satisfacer los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y activos, relacionados a delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y terrorismo, todo conforme las recomendaciones del GAFIC.

Esa iniciativa legal consideramos es necesaria para que Nicaragua cumpla con los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero y lucha contra el terrorismo; por lo que es importante que ese proceso de formación de ley se trabaje y alcance el consenso técnico fundamental en su estructura normativa que permita ese objetivo.

Sin embargo, a pesar del trabajo y algunos avances  de los equipos técnicos en búsqueda del consenso, nos encontramos con un escenario por el cual la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto ha dictaminado el anteproyecto sin tomar en cuenta las principales observaciones  que hemos presentado  COSEP y ASOBANP  en defensa de los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses; lo cual podría afectar el consenso sobre leyes de ámbito económico que hemos venido exitosamente trabajando en el país.

Es por ello que en correspondencia con el principio de seguridad jurídica constitucional y legalmente reconocido, estamos en nuestro carácter de empresarios y ciudadanos, planteando que  es fundamental  limitar  las excesivas facultades de la UAF atribuidas en el dictamen, de tal forma que solamente  pueda solicitar y recibir información de los sujetos obligados que se genere de los  Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) o proveniente de un Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE). Y no como lo establece el dictamen,  donde se plantea que  sobre cualquier ciudadano o empresa discrecionalmente se podría requerir información sin justificación técnica alguna. 

También estamos exponiendo que resulta indispensable se definan en forma taxativa quienes son los sujetos obligados a informar directamente, y no como el dictamen que propone una lista que tiene un carácter meramente enunciativo, dejando abierta la posibilidad de que cualquier persona natural o jurídica pueda discrecionalmente por la UAF ser considerada un sujeto obligado.

Es preciso garantizar que en el desarrollo normativo del anteproyecto  se  preserven las atribuciones de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), garantizándose su autonomía técnica y  colaboración dentro del marco legal que la rige con la UAF.

Debemos concluir expresando que para COSEP es fundamental que el presente proceso de formación de ley para crear la Unidad de Análisis Financiero asegure la debida respuesta técnica a todas  las observaciones del GAFIC presentadas en el 2011 con respecto a Nicaragua, pero también asegurando que este instrumento legal no afecte bajo ninguna forma, los Derechos Individuales de todos los nicaragüenses; lo cual esperamos permita que este importante esfuerzo legislativo logre por un lado, el objetivo fundamental que perseguimos como nación de salir de la “lista gris” en la que nos encontramos ante el GAFIC actualmente, y por otro, nuestras derechos y garantías constitucionales no se vulneren.

* Presidente del COSEP.