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No hay cómo poder restar el caso de Julio Osuna de la totalidad institucional, porque él no hubiera sido seleccionado para integrarse a una célula del narcotráfico, si quienes lo contrataron no hubieran sabido de su fragilidad personal, y también de las fragilidades del sistema político al cual él ha servido, en especial, del Consejo Supremo Electoral. Pretender ignorar este hecho es tan inútil, como tonta fue la pantomima parlamentaria para quitarle la inmunidad.

Funcionario de facto, ilegal y con origen político en el pacto Ortega-Alemán, Osuna fue hasta el día que su captura, una pieza del sistema electoral, cabeza de la corrupción en el Estado. Lo compungido de Roberto Rivas, jefe inmediato de Osuna, en la conferencia de prensa, más la “vergüenza” que dijo sentir su colega José Luis Villavicencio, no es gratis. Tampoco favorece a su condición de inocentes, pues la operatividad de la institución es colectiva, y algún tipo de culpabilidad se le podría encontrar de ser investigado.

Si a las pruebas de los hechos se sometiera el pasado inmediato y el presente del CSE, no aparecería neutral en cuanto a delitos, porque varios fraudes electorales cometidos no son menos perjudiciales para la sociedad que el delito de proporcionarles cédulas a narcotraficantes extranjeros. De ipegüe, agréguese el delito de haberles negado sus cédulas a miles de nicaragüenses, al mismo tiempo, y con la misma facilidad que se las entregaron a los narcotraficantes.

Ante todo eso, se impone una pregunta. Si este señor Osuna ha sido tan eficiente en el cumplimiento de un delito, sabiendo de los riesgos que corría; siendo consciente de que hay una condena legal y moral por ese delito; y estando informado de las repercusiones nacionales e internacionales que tiene ese delito para una institución estatal no dudó en ponerse al servicio del narcotráfico, ¿cómo podría haber dudado y hacer reparos a una invitación para efectuar actividades delictivas en materia electoral, sabiendo que el gobierno no le iba a reclamar nada, sino que más bien le premiaría con prebendas e impunidad?

La única respuesta lógica a esta interrogante, es que si por dinero se arriesgó a trabajar en el narcotráfico internacional, mucho más fácil, halagador e impune le resultó pasar de “liberal” arnoldista a orteguista, y hacer lo que se le ordenara en materia de fraude electoral. Que a Osuna su hermana le haya conseguido el cargo con el entonces presidente Arnoldo Alemán, y que el actual presidente de facto lo haya mantenido en el cargo durante sus seis años, ya lo hacía parte de otra célula no menos dañina que la del narcotráfico: la célula descompuesta del ortega-arnoldista en la política nacional.

En cuanto al mandatario de facto, no le valió acelerar la pantomima de haberle quitado la inmunidad a Osuna para evitar más cosas ciertas que sospechas sobre el CSE. Con igual verticalismo que hace todas sus gestiones, le ordenó a Edwin Castro introducir la moción y, con la obediencia acostumbrada, su bancada votó a favor unánime y veloz. Ningún diputado orteguista sería capaz de hacerse esta pregunta: ¿por qué no actuó así, de rápido, para que la Asamblea Nacional nombrara nuevos magistrados, incluso a Osuna?

Es que quiere impedir que el fuego se pase al resto de sus magistrados. Su problema es que no tiene fórmulas para borrar los hechos. La votación unánime de sus diputados no le da legalidad al decreto que le extendió el período a Osuna como magistrado. Ortega dejó en el ridículo a sus diputados, porque haberle quitado la inmunidad es como haberle otorgado la partida de defunción a quien nunca nació legalmente. Osuna, era funcionario ilegal, porque el Parlamento no lo reeligió en su cargo, por lo tanto, no tenía de qué despojarle.

Por su lado, la Comisionada General de la Policía, hizo gala de incongruencia: puede descubrir al narcotraficante, pero no puede ver las evidencias de la corrupción de su jefe en el CSE. ¿Desea restar a Osuna, y hacer creer que el narcotráfico no ha infiltrado al Estado?

Pero lo sabe todo el mundo. Nicaragua es un mar de ilegalidades, y comienza con su más alto cargo: la Presidencia. ¿Por qué no investiga las instituciones?

* Escritor y periodista