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Bajo la sombra de las luchas intestinales alrededor del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional se está convirtiendo en el escenario de un forcejeo de suma trascendencia histórica entre las dos grandes bancadas. La larga lucha de los 22 pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte, PCN, de Nicaragua por su derecho a la autodeterminación ha entrado a su recta final.

Siete años después de redactarse el primer borrador del Anteproyecto de Ley, la Comisión de Asuntos Étnicos Regímenes Autonómicos y Comunidades Indígenas, bajo la presidencia de Brooklyn Rivera, tendría que decidir si el anteproyecto pasaría, bajo el nombre de “Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas del PCN”, a la secretaría del máximo órgano legislativo para su votación en plenario.

Pero nada es tan fácil como suena para los más pobres de este país. Después de haber esperado con paciencia por casi un año, aparecen nuevos obstáculos. El silencio de la Bancada Democrática Nicaragüense dio pie a una serie de especulaciones que iban desde un desacuerdo de principios de los liberales con el planteamiento de derechos colectivos de las comunidades indígenas, hasta el infundado temor de que esta ley resultaría “confiscatoria”.

Que nada de esto era cierto se manifestó en una reunión entre la dirigencia indígena que días atrás se había constituido en un Consejo de Pueblos Indígenas del PCN como máximo órgano representativo, y los representantes de la Bancada Democrática Nicaragüense. Contradiciendo los rumores, los diputados del PLI solo expresaron algunas inquietudes: “En la ley debe quedar claro que las alcaldías no tendrán ninguna potestad en los asuntos internos de los pueblos indígenas,” dijo el diputado Santiago Aburto, de Sébaco.

De hecho, la comunidad indígena de Sébaco, cuyo territorio atravesado por la Carretera Panamericana, abarca la totalidad del municipio y la mayoría de los municipios de San Isidro y Ciudad Darío, se caracteriza por su prosperidad económica, con una intensa actividad industrial, como el procesamiento de arroz y café, a lo que se suman importantes actividades comerciales y financieras. La mayoría de las tierras son arrendadas por productores vinculados con la agro-exportadora Agricorp, cuyo accionista es nada menos que Bayardo Arce, principal asesor del gobierno en materia económica.

Cuando a mediados de abril el alcalde sandinista Luis Martínez avaló como presidente de la Junta Directiva de la comunidad indígena al señor Víctor Chavarría, cuestionado por no ser miembro de la casta indígena, la comunidad de Sébaco procedió a elecciones de una nueva directiva, siendo electo como presidente Marvin Orozco.

El mismo día aparecieron pandillas enviadas para amenazar a la nueva Junta Directiva; hechos agresivos que fueron documentados por un equipo de observadores del Cenidh, de lo cual hay denuncias en la Policía Nacional de Sébaco. Acto seguido, Bayardo Arce mandó una carta al Registro de la Propiedad de Matagalpa en la cual desconoció explícitamente a la nueva Junta Directiva de los indígenas de Sébaco.

El caso de Sébaco se inscribe en una amplia gama de casos donde alcaldes de diferentes partidos, valiéndose de su facultad de “certificar” las juntas directivas de las comunidades indígenas, defienden sus propios intereses económicos o partidistas.

La propuesta del anteproyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas establece claramente la no injerencia de las alcaldías en los asuntos internos de los indígenas. Queda claro allí que la certificación de las juntas directivas será extendida por la máxima autoridad tradicional de cada pueblo indígena.

Estas y otras disposiciones referidas a la participación indígena en la discusión y vigilancia de los presupuestos municipales no son nada nuevo. Ya están establecidas tanto en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos suscritos y ratificados por Nicaragua.

¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los indígenas para algo que países como Bolivia, Ecuador y Venezuela ya han puesto en práctica hace tiempo? ¿Cuántas trabas y cortinas de humo tendrán que romper para descubrir que los consorcios más poderosos de este país vinculados con los poderes del Estado tienen miedo de que uno de los sectores más pobres pueda alcanzar su propio espacio de democracia y libertad?

* Periodista y antropólogo de Austria. Experto en temas centroamericanos. Autor de libros y documentales