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En nuestro medio jurídico y en especial el notariado, existe una actuación poco estudiada, debatida y concluida, como es la autorización de los notarios de las actas notariales. Transcurren los años y tales actuaciones son reguladas por un cuerpo normativo anciano, pues nuestra ley notarial ha cumplido más de un siglo.

En sí el estudio de estos aparejos legales es escaso, provocan poco interés en los distintos centros de estudios superiores y en los designios jurídicos del Poder Judicial. Su espectro es desolador, toda vez que, teóricamente y en el uso práctico, las actas notariales son de gran valía por su utilidad como medio de prueba y su mojón en la estructuración de la seguridad jurídica.

Estos instrumentos jurídicos giran particularmente en torno al fortalecimiento del Derecho Notarial y de las ciencias jurídicas en general por su valor en sí y su interacción con el sistema legal nicaragüense.

La legislación vigente clasifica a los instrumentos públicos en escrituras públicas y actas notariales. Las primeras contienen acuerdos y declaraciones de voluntades en los actos jurídicos que involucran prestación de consentimiento para los comparecientes u otorgantes, se refieren a la creación, modificación y extinción de una relación jurídica cuyo contenido es un negocio jurídico en sí.

Las actas notariales son aquellos instrumentos públicos en cuyo contenido, y a petición de los interesados, se describen relaciones, se hacen constar hechos, circunstancias, escenarios ocurridos en presencia estricta del notario, o realizados por los cartularios o funcionario público competente. En materia de actas la ley del notariado es sobria, pero su importancia es tal que, según sentencias reiteradas de la Corte Suprema de Justicia, se decidió que estos instrumentos sean de obligada aceptación para los ciudadanos.

El valor del acta notarial radica en que, como instrumento público, hace plena prueba no sólo para los comparecientes y derechohabientes sino para terceros. En ellas, el notario público se limita a dar fe de lo que ve, percibe, oye y hechos que personalmente realice; por ejemplo, la notificación de desahucio, el protesto de un título valor, la acreditación del estado físico de un bien inmueble, la dación de fecha cierta a un documento privado.

Con las actas notariales la solicitud de parte es siempre condición sine qua non para legitimar la actuación del notario. Su parte esencial es la narración fiel de los hechos percibidos por el notario o aquellos realizados por este, mismos que deben ser redactados en lenguaje español claro, en orden cronológico y en apego a cómo sucedieron, lo que incluye la relación detallada de todas las diligencias efectuadas y de sus resultados.

Como no hay otorgantes en las actas notariales, únicamente resulta indispensable la firma del cartulario autorizante. Hay dos grupos de actas notariales, las incorporadas al protocolo y las no incorporadas al protocolo que lleva el notario autorizado para ejercer el notariado por la Corte Suprema de Justicia durante el quinquenio fijado.

Por su naturaleza doctrinal y por imperio de la ley, las actas notariales refieren exclusivamente hechos, situaciones, circunstancias que observen los fedatarios públicos o que se declaren y consten ante ellos, por lo que no compete calificar actos o contratos de cualquier negocio jurídico, pues, en tal caso, estamos en presencia de la escritura pública.

En la elaboración de las actas el notario está actuando en calidad de fedatario público, pues está limitado a dar fe de la existencia de tales y cuales hechos, cómo se llevan a cabo y en su caso a declarar las consecuencias jurídicas que resultaren de estos hechos; pero está limitado a ello, no puede moldearlos, acomodarlos e interpretarlos.

Es imperioso trabajar para eliminar el vacío existente entre la unidad doctrinaria y normativa en relación a este tema. Se debe concordar una regulación jurídica que una el proceso formal de las diversas manifestaciones de actas notariales y de su valor o eficacia probatoria. Sin ello, los fedatarios públicos adolecen de seguridad en cuanto a llevar a cabo las diligencias instruidas por las partes interesadas, efectuadas ante los tribunales jurisdiccionales y órganos administrativos acerca del valor de estos instrumentos públicos. Hay que propiciar el valor que se merecen.

* Licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales