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A propósito de la aprobación del nuevo Código de Familia, creo necesario abordar el punto de la diversidad de género tomando en cuenta, por un lado, a los grupos con orientaciones sexuales diferentes, y por otro, a aquellos sectores sociales que rotundamente se oponen al reconocimiento expreso y jurídico de los derechos de estas personas con una opción distinta.

Desprendiéndonos de prejuicios y sentimientos homofóbicos o religiosos, hay que adecuar este reclamo a la realidad que vive nuestro país, siempre con la visión de que el mundo está en un proceso de globalización con cambios constantes a los que debemos de sujetarnos si no queremos quedar sumidos en el retraso cultural y social.

Personalmente, no estoy en contra de que se les impida a estos grupos luchar por una inclusión en los cuerpos de leyes que regulan nuestro sistema jurídico. Únicamente, sí, hay que aterrizar en la dura realidad que vivimos y los limitados recursos con que contamos para poder acoger un modelo social diferente. Voy a darles ejemplos muy simples que les permitirá captar mi idea:

Si el Código de Familia reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, habría que establecer qué tipo de sociedad es la que nacería con ese matrimonio. ¿Sería una sociedad conyugal o una sociedad de hecho? Hasta el día de hoy nuestro Código Civil y las leyes de familia no definen qué tipo de sociedad es la que nace con el matrimonio, y es esa la causa de los largos y tequiosos juicios a la hora de separar los bienes en un divorcio, a menos que de previo se formalice la separación de bienes.

La ley en nuestro país es fundamentalmente proteccionista del género femenino, pero ¿qué pasaría cuando la unión se realice entre dos hombres? ¿Qué pasaría con la violencia doméstica? ¿Irán entonces a interponer la denuncia ante la Comisaría de la Mujer o habría que crear nuevas entidades que regulen esas relaciones?

En segundo lugar, una vez formalizado el matrimonio van a querer adoptar. ¿Cómo sería el procedimiento de adopción? ¿Hay suficiente formación cultural como para hacerle ver a un menor que ya no tiene papá y mamá, sino dos papás o dos mamás?

Recuerdo que años atrás un diplomático extranjero casado con una nicaragüense que tiene hijos de su primer matrimonio, quiso adoptarlos para que ellos gozaran de los privilegios en su condición de diplomático. La Ley de Adopción establece un trámite administrativo que se llama estudio psicosocial y es realizado por un grupo de psicólogos de Mifamilia, y es quien recomienda o no dar curso a la adopción.

En esta ciudad capital únicamente existía en ese momento un único grupo que realizaba estos estudios y se reunían una vez al mes. Se hicieron mayores los jóvenes y nunca llegó el tal estudio. ¿Cómo sería entonces, con la multiplicación de la carga de trabajo para atender los otros casos no tradicionales? ¿El mismo equipo psicosocial tiene el nivel académico para analizar con objetivismo estos casos? No lo creo.

Por último, si ese matrimonio llegara a separarse, ¿quién ostentará la custodia del menor? La Ley reguladora de las relaciones padre-madre e hijos, el Código Civil y las demás leyes de familia establecen que la guarda y tutela de los menores le corresponde a la madre. ¿Cómo va a dirimir el judicial en estos casos?

En definitiva, creo que esos grupos tienen derechos como ciudadanos, los cuales se deben reconocer, pero es necesario un estudio a fondo del problema, incluyendo a quienes están a favor y a quienes están en contra, para juntos plantear soluciones objetivas sin prejuicios, pues a la postre, serán los niños que pretendan adoptar los más perjudicados y eso puede causar traumas permanentes en la niñez y deterioro a los valores sociales.

Managua, 29 de mayo de 2012

* Miembro de Junta

Liquidadora Banex.

roberto.bonilla@banex.com.ni

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