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Nicaragua tiene la segunda tasa de homicidios por 100 mil habitantes más baja en Centroamérica después de Costa Rica y El Salvador, una de las alarmantes del mundo. Los países de la región desafortunadamente muestran tasas superiores a diez, límite encima del cual la Organización Mundial de la Salud considera es un “problema epidémico”.

Después que en Nicaragua observamos las menores tasas de homicidio de las últimas dos décadas entre 2000-2002 por el fin de los grupos alzados en armas que asolaron parte del territorio nacional durante los años 90, comenzó a incrementarse a un ritmo menos acelerado que en el resto de Centroamérica, llegando a su nivel más alto en 2010, cuando alcanzó 14 x 100 mil habitantes.

Aunque el país tuvo mas muertes por el aumento de las víctimas de tránsito y suicidios, la reducción de homicidios es una oportunidad que esperamos sea sostenible y baje al menos a diez. La frecuencia diaria de homicidios ha sido de dos durante la década; subió entre 2008–2010, pero volvió a dos en 2011; aproximadamente ocho de cada diez casos están relacionados al conflicto de la convivencia y el resto a otros delitos organizados.

En El Salvador en 2003 la tasa era de 36, subió hasta 69 en 2011 con algunas disminuciones temporales. Inició enero y febrero de 2012 con la misma violencia alarmante que provocó casi 4,500 muertos el año anterior. La tendencia de incremento de la violencia ha sido persistente hasta observar un brusco descenso en marzo y abril de 2012, por una acción al margen del gobierno aunque facilitada por las autoridades.

El obispo católico castrense Fabio Colindres y el exguerrillero Raúl Mijango, negociaron desde la cárcel de máxima seguridad un acuerdo de tregua entre líderes de las pandillas Mara 18 y Mara Salvatrucha para cesar los asesinatos entre ellas. Aunque el anuncio fue el 20 de marzo, comenzó a cumplirse por los 60 mil pandilleros de ambas organizaciones delictivas desde el 12 de marzo. Lo solicitado por los cincuenta jefes mareros en prisión fue que mejoraran las condiciones de reclusión y les distribuyeran en cárceles comunes.

Los mediadores persuadieron al presidente Funes, los presos fueron trasladados a otros centros penales y los grupos delictivos demostraron su capacidad para reducir los 14 homicidios diarios ocurridos en febrero-abril 2012. Si todo sigue así, 2012 concluirá con unas 2,200 víctimas; significará que la tasa de homicidios por 100 mil habitantes pasará de 69 a 28, debajo de Guatemala, Honduras y Belice, por arriba de Panamá, Nicaragua y Costa Rica.

Mientras, el Obispo señala que ha sido “un hecho providencial”, casi “un milagro”, otros sectores opinan que es un acontecimiento que demuestra la incapacidad estatal ante el viejo problema que aqueja a la sociedad salvadoreña, incluso algunos especulan que “existen otras concesiones no conocidas”, que se actúa temerariamente reconociendo a estos grupos delictivos un “poder” que en cualquier momento, después de la tregua, va a generar peores consecuencias.

El resultado evidente: la frecuencia diaria de homicidios pasó sorprendentemente de un día para otro, de 14 a 5; significa que nueve de los casos ocurridos diariamente estaban relacionados al conflicto entre pandillas. Los cinco que siguen ocurriendo se vinculan a conflictos de convivencia cotidiana, pandillas y otras formas del crimen organizado.

La reducción repentina de las muertes en El Salvador no obedeció a la acción preventiva o coercitiva del Estado sino a un factor extraordinario que fue la negociación a través de dos actores externos a las instituciones públicas. Sobre el “frágil acuerdo”, uno se pregunta ¿qué tan sostenible es? Se requiere promover un audaz programa de reinserción, reducir la exclusión y ofrecer oportunidad de desarrollo para que los jóvenes nos se incorporen a las pandillas y encuentren vías distintas para solucionar sus conflictos.

Queda demostrado que las medidas de mano dura de los gobiernos salvadoreños fracasaron, está por verse si el país aprovechará la nueva oportunidad para la vida con soluciones sostenibles. La frecuencia de delitos graves cambia de manera sostenible y no ocasional solo cuando se modifican las circunstancias que lo originan. Esto es válido para la mayoría de las realidades nacionales, incluso para Nicaragua.

 

24/5/2012

* Economista. Experto en Seguridad Pública

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