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La carretera o trocha que el Gobierno de Costa Rica empezó a construir cerca de la frontera con Nicaragua, dio lugar a que ambientalistas demandaran ante la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, como el lugar idóneo para reclamar a un Estado por el irrespeto y la violación a varios instrumentos jurídicos internacionales y regionales en temas ambientales.

De hecho, parte de la demanda incluye la sedimentación que cae sobre el Río San Juan, además del daño al ecosistema de toda la cuenca del Río San Juan, que abarca el Lago de Nicaragua y ríos aledaños al San Juan.

Parte de esa sedimentación ha sido protagonista, por varias década ya, del deterioro de la navegación por el San Juan y de la extinción poco a poco de especies que transitan el río, ya sea ingresando por el Caribe hasta el Lago de Nicaragua y viceversa.

Esos desechos que han provocado la sedimentación, provienen en su gran mayoría de los ríos afluentes desde Costa Rica, tal es el caso del río Sarapiquí, que día a día en sus aguas lleva miles de productos agroquímicos que utilizan en fincas de cítricos y productos venenosos en minerías.

Los datos aportados por las organizaciones ambientalistas de Nicaragua son más que claros sobre los inmensos daños ambientales que desde ya está ocasionando la construcción de esa carretera, que a futuro serán más dañinos para la biosfera marina representada por el caudal de agua del Río San Juan y sus ríos aledaños, el Lago de Nicaragua y hasta el Caribe donde desagua el San Juan. Y más ahora con el reconocimiento del Gobierno costarricense de esos daños.

Por otro lado, Costa Rica no puede seguir argumentando que no está bajo la jurisprudencia de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ. Como se sabe, por el solo hecho de ser parte fundadora y firmante del Protocolo de Tegucigalpa está aceptando la CCJ como mecanismo jurisdiccional y comunitario para dirimir las controversias entre los Estados Miembros y sus habitantes del Protocolo.

Inclusive, Costa Rica ha realizado algunos actos de Estado que derivan en reconocimiento y hasta acatamiento a las Sentencias y Dictámenes que la CCJ ha resuelto con anterioridad. Uno de los casos y tal vez sea el más conocido, es el apoyo abierto que el expresidente Abel Pacheco de la Espriella dio a la sentencia de la CCJ y a la resolución de los Presidentes del SICA favorables al gobierno del expresidente Enrique Bolaños Geyer en 2005, referente a las maniobras que realizaban en esos momentos los poderes Legislativo y Judicial en contra del Ejecutivo en Nicaragua.

¿Y las políticas públicas?

Lamentablemente, este tipo de situaciones ha conllevado a que años de esfuerzos bilaterales para procurar un mejor entendimiento y apoyo en temas tan vitales para ambos países, pero sobre todo para las poblaciones fronterizas, estén quedando olvidados.

Temas como la migración, salud, educación, cultura, intercambio de apreciaciones y logística para la seguridad, delimitación de límites, facilitación del comercio, densificación de los mojones, medio ambiente, que están englobados en la Comisión Binacional, creada en 1991 y reunida por última ocasión en 2008.

Costa Rica debe dejar de seguir construyendo y preocuparse por implementar los planes de mitigación, ante tan mala política pública implementada por el ánimo de venganza contra Nicaragua y plagada de corrupción de los funcionarios de su gobierno.

 

* Msc. en Relaciones Internacionales y profesor universitario