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Ningún combatiente sandinista tiene derecho alguno, por el hecho de ser sandinista o por el hecho de ser combatiente. Para aquellos soldados con alguna discapacidad invalidante producto de la guerra, excombatientes llamados a las armas por la Patria, o bien combatientes de ambos bandos de la guerra civil, luego del proceso de reconciliación, la nación debió establecer al momento de la paz una pensión, que en ningún caso podría superar el salario de un obrero calificado.

Además, era esencial que la nación, al momento de la firma de la paz, desarrollara planes de inserción social, tanto con una efectiva capacitación laboral como con la creación de empleos dirigidos a absorber productivamente a quienes hubiesen sido licenciados de las estructuras militares.

Pero nadie, a menos que sea un pirata o un mercenario, combata para obtener prebendas, privilegios o recursos físicos a costas del país. Y la nación no puede quedar endeudada por meritos de guerra de nadie, más allá de incorporar a los licenciados de las Fuerzas Armadas eficazmente, con una preparación adecuada, a la fuerza laboral productiva.

De modo que el excombatiente debe estar en grado de sostenerse con su familia, sin que su situación se distinga de las condiciones de trabajo de la clase obrera (a menos que por formación y capacidad laboral sea, productivamente, merecedor de una remuneración superior). No obstante, la sociedad ha sido permeada por una cultura de rapiña, que el pueblo justamente ha llamado “piñata”, y que a finales de los años 80 puso al desnudo que bajo los ideales políticos –que llevaron al sacrificio desinteresado a miles de jóvenes- se escondían en buena parte del conglomerado sandinista intereses espurios de enriquecimiento y de rebatiña de bienes.

El pueblo con asombro constató que en los funcionarios estatales de los años 80 se imponía la toma personal de cuantiosos recursos nacionales.

Por igual causa e interés corren miles de riesgos y de penalidades cualquier banda criminal. Pero estos no se atreven a argumentar que lo robado sea en realidad una deuda que la nación ha contraído con ellos por sus penalidades y riesgos.

En la edición del cuatro de junio de El Nuevo Diario, Sergio Simpson escribe: “Indigna ver que un excombatiente sandinista es conducido por la policía por el cuello solo por reclamar sus derechos ganados arriesgando la vida y dejando a su familia para defender la Revolución Popular Sandinista”.

¿Entonces, los sandinistas combatían como fuerzas mercenarias para ganar tales derechos, no para construir un futuro mejor para la sociedad?

Simpson se pregunta:

“¿Cómo no va a tener dinero el FSLN y su gobierno para resolverle la vida a compañeros y compañeras?”.

Lo que Simpson pide ¿es que el FSLN y su gobierno metan las manos en las arcas de la nación y tomen dinero público para repartirlo entre excombatientes sandinistas?

Simpson hace cuentas de lo que se debe tomar con este fin de las arcas del Estado:

“Los combatientes demandan una digna pensión del Seguro Social (pues cotizaron, estaban en planilla estatal), 20 manzanas de tierra y dos mil dólares para invertir. Reclaman poco en comparación con lo que merecen”.

Hubo 100 mil hombres en armas. Dos mil dólares a cada uno, significa 200 millones de dólares. Con la mitad de ese dinero se podrían renovar los cafetales del país para incrementar en 100 % la productividad.

En realidad, piden 50 manzanas (como las que la Procuraduría pretende darle a Pastora). Pero bien, 20 manzanas a cada uno, representan dos millones de manzanas. En un ciclo productivo se siembran 359,540 manzanas en el país. Ellos piden 57 veces más tierra que la producción nacional. El valor global de estas tierras podría ser de 1,400 millones de dólares (el 53 % del valor de las exportaciones de Nicaragua). Reclaman poco, dice Simpson. Afirma Simpson: “Han tenido paciencia, desde 1990, con la promesa de Daniel Ortega de reconocerles sus derechos y gestas cuando volviera a “gobernar desde arriba»”.

O sea, que el futuro del país por el que lucharon, la epopeya liberadora, los principios revolucionarios basados en la justicia social, eran una cobertura ideológica de un atraco descomunal al país compartido con quienes detentan el poder.

Simpson concluye sus pretensiones con una amenaza:

“Es demasiado riesgo no reconocer esos derechos. Los combatientes unidos están en capacidad operativa de paralizar el país, y con justa razón”.

El país, un día, así como a Somoza, pedirá cuentas a los de arriba y a los de abajo, y con justa razón.

* Periodista