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Como lo acotara el canciller argentino Héctor Timerman en ocasión del 179 aniversario de la ocupación por la armada de guerra británica de las Islas Malvinas, “Mientras estén en manos de la potencia extranjera, la cuestión Malvinas es la cuestión del colonialismo”. Argentina rechazó ipso facto aquel acto de fuerza y desde entonces ha sostenido el reclamo en contra de Reino Unido en todos los ámbitos en los que participa; por ende, conserva jurídicamente vivo su derecho soberano a la restitución de esa parte de su territorio nacional.

Argentina presentó en Londres su primera protesta diplomática cinco meses después de la invasión; sin embargo, aún espera que se cumplan las múltiples resoluciones de ONU, OEA y demás organismos que perennemente demandan una negociación diplomática entre las partes. La República de Argentina reivindica su devolución y las considera parte integral de su territorio, alegando la continuidad geográfica de las Islas Malvinas, que se encuentran a escasa distancia de su territorio continental (a unos 480 km) y prologándose geológicamente de su Plataforma Continental.

La capital británica (Londres) se encuentra a 14 mil kilómetros de las Malvinas, un archipiélago enclavado en el océano Atlántico Sudoeste, a 341 km de la Patagonia, rodeadas por el mar epicontinental que Argentina denomina mar argentino.

Resulta comprensible la inquietud de los gobiernos británicos por los sentimientos de la población de las islas. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas desde su inicio sostiene que el interés de los isleños debe ser plenamente considerado y resguardado. No obstante, los deseos de pertenencia cultural de esa población en absoluto deben ser incompatibles con lo que el presidente de Chile, Sebastián Piñera ha llamado “Los derechos jurídicos irrenunciables de la Argentina sobre las islas”.

Una cosa es el interés particular carente de fuero personal de los isleños, y otra es el interés general de aquellos isleños, acaso inconformes con la situación de las islas, del resto del pueblo argentino; pero sobre cualquier otro interés, es el sumo imperio de la soberanía territorial reconocida por su Constitución Política, la que Iuris et de Iure debe primar sobre cualquier otro interés. La Supra-Norma argentina vigente, en sus disposiciones transitorias, estatuye: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía… constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Uno de los objetivos principales de la ONU es erradicar el oprobioso atavismo colonial y el escollo de sus ataduras. Actualmente sólo quedan 16 territorios no autónomos, entre ellos las Malvinas, centro de los esfuerzos del Comité Especial de Descolonización. Diez de esos 16 territorios aún permanecen bajo la bota colonial británica. Reino Unido, siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad, no puede cerrar la puerta a la negociación para resolver una situación colonial universalmente reconocida, como la alternativa más viable y civilizada de dirimir el asunto, evitando que se torne en un casus belli. Su unilateral actitud, deslegitimiza el importante rol de los cinco miembros permanentes del Consejo, reduciendo su capacidad de evitar conflictos entre los Estados que persiguen la supremacía del derecho internacional.

Latinoamérica y muchos países del mundo convergen en respaldar los inmanentes derechos soberanos de Argentina sobre Las Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, y estamos comprometidos con una postura anticolonial pro defensa de nuestros recursos naturales. Todos tenemos posición de garantes para impedir un resultado que es evitable. La cuestión de las Malvinas no debe ser el catalizador de un vasallaje por parte de la Pérfida Albión.

 

* Abogada y notaria pública