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De cara a la futura reforma tributaria ya anunciada a través de los medios de comunicación social, quizás sea necesario volver sobre los dos pilares de la tributación: legalidad y capacidad contributiva.

La legalidad implica que toda la materia tributaria debe ser creada mediante ley. El art. 114 de la Constitución establece que solo la Asamblea Nacional, de forma exclusiva e indelegable, puede crear tributos. Esto implica que ningún otro ente público o poder del Estado puede determinar ningún tipo de tributo y sus correspondientes elementos de cuantificación (reserva de ley absoluta), y posee implicaciones muy importantes en nuestra realidad.

El artículo 25 de Ley de Equidad Fiscal delega al Poder Ejecutivo la creación de algunos elementos de cuantificación del impuesto al decir: “el Impuesto sobre la Renta deberá pagarse anualmente mediante anticipos o retención en la fuente, cuya oportunidad, forma y montos, los determinará el Poder Ejecutivo en el ramo de hacienda”.

Como puede verse, este es un punto de la ley que vulnera lo señalado por la Constitución. La solución al problema es muy simple: definir en la ley que apruebe la Asamblea Nacional todos esos elementos. De hecho ya hay un precedente en este sentido, por cuanto la reforma de 2009 puso en el art. 6 de la ley los montos de retenciones en la fuente por compra venta de bienes inmuebles.

El resultado final, bajo la lógica de esta solución, es una ley que, aunque extensa, asegura el cumplimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes, y solidifica la posición del Estado al momento de exigir sus tributos, por cuanto reviste de legalidad todo su actuar recaudatorio.

El otro gran pilar de la tributación es la capacidad contributiva. Esta debemos entenderla como una cualidad subjetiva del contribuyente y significa que la ley debe gravar una manifestación de riqueza tomando en cuenta las necesidades y circunstancias personales y familiares del contribuyente.

Este es un criterio que nace del sentido común: nadie se levanta en la mañana pensando en que debe ir al trabajo porque debe pagar sus impuestos. Todas las personas hacen este esfuerzo con la idea central de poner el pan en la mesa. Así pues, es lógico que, una vez que se hayan cubierto las necesidades fundamentales del contribuyente, es posible que se proceda al cumplimiento de su deber ciudadano de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de sus impuestos.

Ello significa que hay una parte de nuestra riqueza que el Estado no puede afectar para el pago de impuestos, ya que es la necesaria para cubrir nuestras necesidades, lo que, técnicamente, se denomina mínimo vital de existencia. Así, una vez cubierto este mínimo, la riqueza que reste disponible es la idónea o apta para ser gravada, es decir, constituye capacidad contributiva.

Esto se hace patente en nuestro IR en el art. 21 de la Ley de equidad fiscal, y es usualmente conocido como “techo” o “piso” del IR, el cual significa que los asalariados que ganen menos de C$ 6,250.00/mes o las personas naturales que ganen menos de C$ 4,167/mes, no pagan en estos montos el IR.

El problema que surge acá es que tal mínimo no cubre las necesidades de un contribuyente al día de hoy, si tomamos como parámetro el monto de la canasta básica. Según información oficial en la página web del Ministerio del Trabajo, la misma equivale a C$ 10,349.08 para abril de este año. Eso quiere decir que los asalariados y personas naturales pagan impuestos cuando ni siquiera han podido cubrir el monto de tal canasta básica.

La solución al problema supone elevar el mínimo vital de existencia, lo cual sin duda implica cubrir por otras vías la falta de recaudación que se originaría en el IR, lo cual podría llevarse a cabo revisando detalladamente el amplísimo universo de exenciones tributarias y ampliando la base de contribuyentes.

De esta forma se estaría dignificando el trato fiscal a las personas físicas, pero fundamentalmente, a la familia nicaragüense.

 

* Doctor Europeo en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca y catedrático universitario. Socio de Impuestos de Kreston Nicaragua.

rballadares@krestonnicaragua.com