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El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades criminales. El primer mito es confundir el lavado de dinero con narcotráfico, actividad ilícita que deja grandes cantidades de dinero ilegal y que los grupos criminales tratan de introducir al sistema financiero de forma que parezcan transacciones legítimas.

Los efectos del lavado de dinero son devastadores, y van desde el aumento del delito y la corrupción hasta el debilitamiento del sector privado legítimo, pues los lavadores utilizan compañías “pantalla” o fachadas que aparentan ser negocios legítimos.

Estas compañías tienen acceso a grandes sumas de fondos ilícitos, lo que les permite subsidiar los productos y servicios que comercializan a niveles muy por debajo de los precios de mercado, sacando de competencia a los empresarios legítimos. Es un mito creer que las medidas anti-lavado perjudican al sector privado.

El aumento del riesgo país es otra consecuencia, ya que la reputación de ser un paraíso de lavado de dinero trae como efecto que las instituciones financieras extranjeras decidan limitar o no realizar transacciones con empresas e instituciones nacionales. Es ilógico pensar que las medidas anti-lavado de dinero atemorizan a la inversión extranjera.

Desde 1989 las potencias integrantes del G7crearon un organismo denominado Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, con el propósito de desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El GAFI ha emitido 40 recomendaciones para la prevención del lavado, y agregó nueve para la prevención del financiamiento al terrorismo. Esas recomendaciones han sido utilizadas como norma mundialmente aceptada en la materia.

También se crearon organismos regionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe, Gafic, del cual Nicaragua es miembro desde 1996. En 2004 nuestro país fue evaluado por el Gafic. En su informe destacaron la falta de una Unidad de Análisis Financiero, UAF. La recomendación número 26 del GAFI establece que los países deberían crear una UAF que se desempeñe como organismo para recepción, análisis y divulgación de Reportes de Operaciones Sospechosas y otras informaciones relacionadas con posible lavado y financiamiento terrorista.

La semana pasada se aprobó la Ley UAF, dejando dudas y discusiones por los artículos 4 y 9, debido a las amplias facultades que se le otorgan y la definición amplia de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Si bien con esta Ley progresamos significativamente, muchos piensan que la información obtenida puede ser utilizada para fines distintos a su función, y con justa razón cuando no se confía en las instituciones del Estado. Los legisladores deben crear los frenos y contrapesos necesarios para evitar abusos y dar confianza a la ciudadanía.

* Msc. CPA, CAMS