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Históricamente las prioridades han cambiado. Atrás quedaron las razones de exploradores y conquistadores. Desde 1501 visualiza el Canal en Panamá, Rodrigo de Bastidas –acompañado de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del océano Pacífico--, quienes apuestan a encontrar una ruta para cruzar los océanos en la cintura de América. Aunque la historia del Canal de Panamá empezó hasta en 1821, época en que gobernantes locales y grupos económicos internacionales disputaron el destino geográfico de la monumental ruta canalera para Nicaragua. Entre 1878 que se inician las obras, hasta 2012 han transcurrido 134 años.

Es conocido que en los últimos 150 años de la accidentada historia de nuestro país, ha sido frecuente la ambición de grupos allegados al poder por emprender la empresa de construir un Canal Interoceánico en Nicaragua. Cada momento ha sido diferente y hubo determinadas condiciones económicas, geopolíticas e intereses comerciales que alentaron a estudiar a fondo las posibilidades de hacer realidad este negocio, que siempre se propuso servir a las prioridades del comercio internacional.

En pleno siglo XXI, sabemos que ese tiempo también da cuenta de otros cambios drásticos, un elevado crecimiento de la población mundial, la desaparición de incontables fuentes de agua aptas para el consumo humano y el recalentamiento del planeta que se manifiesta con todo rigor tanto en países muy pobres como en los desarrollados. El dramático estado de los recursos hídricos obliga a cambiar de forma radical la perspectiva al evaluar responsablemente el destino de los cuerpos de agua dulce como el que alberga el Lago Cocibolca.

La gravedad en la escasez de agua potable apaga la vida de millones de personas en el mundo. En Nicaragua también tenemos muchas familias que aún no acceden a agua potable, la tienen de forma muy limitada o de mala calidad, por ello la prioridad debe ser, como lo dice la Ley de Aguas Nacionales (No. 620), conservar fuentes para el consumo humano.

En cualquier país que se gobierne con sensatez se valoraría de sobremanera el destino de un lago como el Cocibolca, habida cuenta de la pérdida y contaminación de la mayoría de ríos, lagunas y lagos, y hasta de algunos acuíferos subterráneos. Ningún pueblo puede vivir sin agua potable, lo cual no debe olvidarse ni un solo segundo.

Es indignante que el canalero anteproyecto de ley desestime el rigor y precisión de los estudios de impacto ambiental que deben hacerse; olvida que ese tránsito mundial de mercancías también arrastra millones de toneladas de agua contaminante por el lastre de buques, dañando ecosistemas y desapareciendo especies nativas. En contraposición anticipan posibles rutas, tipos de obras, servicios a ofertar, y corren a negociar con posibles inversionistas.

Es difícil dejar de asociar ese estilo con los fracasados megaproyectos que también gestionó Manuel Coronel Kaust durante la Revolución Sandinista, muchos de los cuales quedaron a la deriva, con graves costos para el país y sin explicaciones por los fracasos.

Sí el presidente Daniel Ortega realmente fuese consecuente con el planteamiento hecho público, de ser cuidadoso sobre el destino del Gran Lago -patrimonio de todos los nicaragüenses-, ¿cómo explica el apresurado envío de la iniciativa de ley de la ruta canalera a la Asamblea Nacional? Él está obligado a preservar agua para el consumo humano, y ante la incertidumbre (Ley Medio Ambiente No. 217) del daño que se ocasionaría a los diversos ecosistemas de este insustituible cuerpo de agua, reconocido desde 2007 como la principal fuente para gran parte del Pacífico y centro del país, debe proteger el Cocibolca.

¿De dónde dará agua el Estado en los años cercanos a las centenares de miles de familias de los municipios de Rivas, Granada, Masaya, Carazo, Managua y Chontales? En esto sitios casi no quedan fuentes superficiales y las aguas subterráneas son escasas o están a grandes profundidades. ¿Cuál será la política oficial para suministrar agua en cantidad y calidad suficiente y ejercer así el derecho humano de acceso a agua potable?

Estamos obligados a demandar que se estudie con responsabilidad y serenidad cada riesgo de modificar el Lago Cocibolca, máxime cuando hay rutas de comercio internacional de mercancías que se pueden construir sobre tierra como el también anunciado proyecto del Canal Seco. Quedarnos sin el agua dulce del Cocibolca, o permitir que se contamine y resulte insalvable, puede significar condenarnos a la pobreza infinita.

No guardemos silencio, la responsabilidad es de todos.

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