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Obligado por presiones internacionales el Estado de Nicaragua, se halla en una desenfrenada carrera en la aprobación de la Ley de Unidad de Análisis Financiero, UAF, cuya norma busca enfrentar el lavado de dinero. El cuerpo legal ya fue aprobado en lo general y en los próximos días será aprobado en lo particular para entrar en vigencia.

Los países del mundo tienen entablada una guerra sin cuartel contra el narcotráfico y crimen organizado, en especial se persigue los millones de dólares provenientes de actividades ilícitas, cuyos recursos son puestos en circulación en países con débiles controles. Es sobradamente conocido, el lavado de dinero opera por medio de transferencias bancarias, dejando ganancias al ente cómplice de semejante ilícito. Con el lavado de dinero se hacen sociedades de papel, obtienen propiedades, constituyen empresas de papel. Así como nacen así desaparecen.

El proyecto de la UAF es de vieja data, pero por presiones de sectores peculiarmente interesados, el intento de formación de ley ha fracasado. Sin embargo, en las difíciles circunstancias de la región centroamericana y otros países, por el flagelo de la narcoactividad, asesinatos indiscriminados, el poder económico de los carteles, ha permitido en otros países como México, corromper a elementos del Ejército, Policía, Fiscalía y jueces, situación por lo cual la comunidad internacional está cerrando filas, presiona a los Estados en función de establecer mejores mecanismos de control en individuos e instituciones bancarias para frenar el lavado dinero.

La comunidad internacional a través de la Gafic, presiona al gobierno de nuestro país, para aprobar la Ley de la UAF, pues existen fuertes presunciones de estarse dando en Nicaragua el lavado de dinero, por esa causa la nación se halla en la línea gris en materia de control, es decir estamos a un paso de entrar en la lista negra.

Sectores económicos se están oponiendo a la UAF. Como el proyecto de ley contempla facultades de investigar a cualquier persona natural, los opositores señalaban de permitirse eso se cae en una violación a los derechos individuales e invocan el Habeas data, consignado en el art. 26, inciso 4, de la Constitución Política y piden eliminar tal discrecionalidad de investigar al individuo, proponen el establecimiento taxativo de los sujetos objetos de investigación.

En otras palabras, se pide que las cosas sigan tal como están en estos momentos. Si X individuo que todos conocen que no tenía en que caer muerto, de pronto de la noche a la mañana aparece con grandes lujos, mansiones, vehículos, etc., el referido personaje no será investigado hasta tanto las instituciones encargadas del control no reporten a la UAF. Esa es la propuesta de quienes se oponen a la ley.

Los sectores opuestos quieren una ley que no controle nada. Quieren poner trabas en la persecución y castigo de lavado de dinero. No les importa el futuro del país, ni reputan ni valoran las consecuencias que ha dejado en otros países el crimen organizado, fortalecido por el lavado de dinero.

Aun con las imperfecciones de nuestras autoridades, el papel de la Policía Nacional, el Ejército, Fiscalía y jueces del Poder Judicial, es meritorio reconocer que han jugado un destacado papel en el combate contra la narcoactividad, incautando drogas, neutralizando redes del crimen organizado, logro alcanzado gracias a la eficiencia de los cuerpos de seguridad. Los nicaragüenses debemos sentirnos orgullosos de no hallarnos en las condiciones lamentables de inseguridad de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Con la UAF el país estará en una mejor posición en la lucha contra el crimen organizado. El lavado de dinero se verá seriamente golpeado.

En este sentido el Poder Legislativo en la aprobación de la ley debe cerrar filas y poner en primer lugar los intereses supremos de la nación. Aún estamos a tiempo en mantener los niveles de seguridad QUE disfrutamos los nicaragüenses, incluso se puede mejorar para ejemplo de otros pueblos, todo dependerá de nuestros legisladores, estos deben pensar en el futuro de la patria, y deben desechar las quejas mezquinas de sectores que sólo piensan en intereses particulares, sin tomar en cuenta las consecuencias que ha dejado el crimen organizado en otros pueblos hermanos.

*Abogado y Notario Público