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En ocasión de su comparecencia ante la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, el 8 de mayo recién pasado, el doctor Guillermo Arguello Poessy, en su carácter de Presidente de la Contraloría General de la República, manifestó, entre otras cosas, que “la Declaración de Probidad de los funcionarios del Estado, DEBE SER PÚBLICA, así como recomendó establecer sanciones que no están integradas aún en la Ley de Probidad ni en el Código de Ética Pública, y que debe reafirmarse la calidad moral que deben tener cada uno de los funcionarios.

En esa misma oportunidad, y con la misma solemnidad con que podría haber anunciado el descubrimiento del agua tibia, declaró que “funcionarios deben declarar sus bienes”, como si tal cosa le hubiera importado alguna vez a la Contraloría.

Si tomamos en consideración que el día 30 de enero de este mismo año, yo había presentado denuncia formal en contra del Magistrado Presidente del Consejo Supremo Electoral, por supuestas irregularidades, que me abstuve entonces de llamarlas actuaciones delincuenciales, aunque en realidad lo fueran, y que, en virtud de tal denuncia se había dado comienzo a la tramitación de la misma, de conformidad con el Arto. 9 literales a) y b) de las reformas al Acuerdo creador de la Oficina de Denuncia Ciudadana, publicadas en La Gaceta, Diario Oficial No. 136, del 13 de julio de 2006.

Como culminación de todo este sainete, con fecha mayo 25 de 2012, se me notificó en forma escrita que “en Sesión Ordinaria Número Setecientos Ochenta y Dos, de las nueve de la mañana del día veinticuatro de mayo del año dos mil doce, el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, aprobó por unanimidad de votos lo siguiente: “que se cierra el presente caso por desvanecerse los hechos denunciados”.

Todavía en el momento de escribir este artículo me devano los sesos por entender lo que eso jurídicamente significa, y poder, en consecuencia, quedar claro del significado legal de la expresión “desvanecerse los hechos denunciados”, ya que, a esta fecha, y después de una intensa vida profesional como abogado, no había visto ni oído nunca tal expresión como fundamento final de una resolución, laudo, dictamen, acta pericial, arbitraje, veredicto, fallo o sentencia; aunque en el lenguaje popular podría considerarse lo mismo que decir: “se esfumaron, se evaporaron o se hicieron humo los hechos denunciados”.

Extremadamente lamentable fue para mí el hecho de que la nota de notificación la firmaba el magistrado Luis Ángel Montenegro E., quien, en su carácter de Presidente en Funciones, puso punto final a esta farsa cómica, en la que se escarneció a la justicia, se violentó el orden legal, se traicionó y se burló la confianza de nuestro pueblo en sus instituciones.

Repito, fue para mí, extremadamente lamentable ver actuar como un comparsa más en este corrupto manejo de encubrimientos a graves delitos, al mismo Luis Ángel Montenegro, que hace apenas diez años denunciaba públicamente con ejemplar entereza ciudadana, honradez y gallardía, los graves delitos cometidos por Roberto Rivas Reyes y otros depredadores de los bienes del Estado, laicos y religiosos, de altas investiduras.

“Contralor Luis Ángel Montenegro: ME RESPETO y Respeto a mi Familia: YO NO ME ENSUCIO”, fue el titular, a ocho columnas, de “El Nuevo Diario” No. 7954, que circuló nacional e internacionalmente el martes 8 de octubre de 2002, en el que, además se agregaba: “Anuncia que no participará en ninguna reunión donde se quiera cambiar la decidida presunción penal contra Roberto Rivas.

Como corolario de lo anteriormente expuesto, y tomando en consideración que los actos de corrupción que le atribuía el Contralor Luis Ángel Montenegro al Magistrado Roberto Rivas Reyes, no le habían producido a este, aún, las incontables mansiones dentro y fuera de Nicaragua; los importantes negocios que maneja a través de testaferros; las fincas y haciendas; la sospechosa cantidad de carros de lujo, camionetas, camiones y autobuses y la flotillas de aviones; se hace imperativo deducir que si todos los actos delictivos cometidos por Rivas en los últimos diez años, a partir de la fecha en que se llevó a cabo la investigación que motivó la indignación de Luis Ángel Montenegro, se han incrementado de manera inconmensurable; también sus responsabilidades penales han aumentado progresivamente.

De tal manera que, si Roberto Rivas Reyes era para el Contralor un funcionario corrupto y venal, con graves responsabilidades de tipo penal, ahora, diez años después, con un incremento desmedido de su fortuna, de la que nunca ha rendido cuentas, es mil veces más culpable de lo que era hace diez años. Pero… ahora, Luis Ángel Montenegro lo exime de toda culpa “por desvanecerse los hechos denunciados” por mí.

Lo cierto es que los desvanecidos no son los hechos denunciados; los desvanecidos son los elementales principios de integridad, de justicia, de ética, de hombría, de bien y de decoro de todos los contralores que, como Luis Ángel Montenegro decidieron sumarse también a la corrupción sin el menor escrúpulo y en sus propios beneficios.

Managua, 22 de junio de 2012

* Abogado