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En marzo de este año entró en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, a pesar de sus deficiencias y hasta a veces incongruentes disposiciones se estableció de manera taxativa en su Arto. 120 que: “ En consulta con los gobiernos municipales se adecuará el marco jurídico de la contratación administrativa municipal, con el fin de que sea consistente con las disposiciones contenidas en la presente Ley, dentro de 12 meses, contados desde su entrada en vigencia”.

La disposición es absolutamente clara; no da lugar a dudas en relación a que toda la herencia de corrupción en los procedimientos municipales de contratación, deberá ser abolida por completo. Debo de partir que la Ley de Contrataciones Municipales, Ley 622, nunca debió aprobarse de la manera que se hizo, debió agregarse en ese entonces en una reforma a la Ley 323; si se hace una análisis detallado de ambos cuerpos normativos fácilmente se descubrirá que son casi una copia al calce, en otras palabras la Ley 622 se convirtió en un plagio productor de arbitrariedades en las contrataciones locales, fundamentalmente en lo único que se diferencian es en las contrataciones menores que no necesitan de tres cotizaciones por una parte, y en la absoluta discrecionalidad en la autorización de los procedimientos de exclusión de parte de los Concejos, hay suficiente evidencia de esas anomalías procedimentales en algunos casos aparecidos en la principal alcaldía del país, que estando en la capital no existe el argumento de no hacer una licitación en montos mayores y en una localidad donde abundan los oferentes, esa es tan solo una pequeña muestra del problema.

Esas circunstancias jurídicas son las que no deben sobrevivir a las disposiciones de la Ley 737, por ejemplo, en esta nueva disposición desaparecen los procedimientos de exclusión, existe una nueva modalidad más restringida que para estos casos se denominan Contrataciones simplificadas. En esta modalidad se deja claro los casos específicos que de manera taxativa podrá autorizar la máxima autoridad siempre y cuando respondan de manera personal por una mala decisión, no veo el problema que en estos casos lo puedan aplicar igualmente las municipalidades.

El artículo referido de la Ley 737 establece claramente la palabra adecuación, que en buen español significa en el Diccionario de la Real Academia Española: “ tr. Proporcionar, acomodar, apropiar algo a otra cosa; entonces, esta interpretación posibilita la incorporación de los procedimientos de contrataciones municipales en un capítulo especial en lo conducente a sus propias realidades, pero sometidos a la generalidad de la Ley en todo aquello que signifique evitar las arbitrariedades.

Soy de la opinión que se debe derogar por completo la Ley 622 y hacer una reforma de la Ley 737 en donde se agreguen las contrataciones municipales.

El debate queda abierto, debe cumplirse el proceso de formación de la Ley en cuanto a la consulta de los diferentes sectores, deben eliminarse las mafias eruditas de un grupo de abogados que se creen tener el poder divino de interpretar, analizar y proponer normas en nombre del pueblo o de los empresarios, y por otro lado, la Comisión de municipalismo de la Asamblea Nacional que les cree ese cuento y solo a ellos los llaman para hacer sus ponencias muchas veces fuera de la realidad.

El reto está hecho, es el momento para discutir ampliamente el futuro de las contrataciones municipales, creo que ya hemos puesto la llama a la mecha del debate jurídico, espero haber dado en el blanco.

* Abogado