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En un momento cuando en América Latina las nuevas plataformas digitales avanzan a pasos agigantados y el debate se intensifica en torno a los nuevos marcos regulatorios, irónicamente en nuestro país este tema ocupa el último eslabón de la agenda pública.

En realidad, la discusión de una nueva ley de medios debería ser un asunto de primer orden en materia de políticas públicas. ¿Por qué continuar postergando este tema, si su discusión resulta sana para el desarrollo estratégico de las comunicaciones y el fortalecimiento de la democracia?

Cuando se pasa revista en la región en torno a los marcos regulatorios, se constata que como país nos hemos quedados rezagados con una ley que no responde a los nuevos desafíos que plantea Internet. ¿A quién conviene que se mantenga la actual Ley de Telecomunicaciones y Servicios Portales? ¿A qué obedece la falta de interés de abrir a fondo la discusión de una nueva ley de medios?

Resulta erróneo creer que la timidez con que los funcionarios han abordado este tema obedezca a que “se trata de una ley sin mayor trascendencia”. Cuando se revisa la historia de la comunicación, Mattelart nos advierte que las telecomunicaciones siempre han sido un punto estratégico para que los Estados mantengan su hegemonía sobre el resto de actores en la sociedad.

Existe consenso de que la actual Ley 200 ya no garantiza ni representa los intereses de la ciudadanía ante los nuevos desafíos digitales. La actual Ley de Telecomunicaciones fue diseñada y pensada en el campo analógico. Un hecho que pone en desventaja el desarrollo exponencial de las TICS, puesto que con el auge de Internet como matiza el brasilero Eugenio Bucci, muchos marcos jurídicos quedaron en una especie de diploma legal anacrónico, desfasado.

En América Latina algunos Estados frente al nuevo escenario de la comunicación, han tenido que modernizar sus estatus jurídicos. En el último quinquenio los gobiernos de Chile, Brasil, Uruguay y Argentina se han caracterizado por abrir la discusión con todos los actores claves. Inclusive, el debate ha ido más allá de las plataformas digitales, volviendo sobre temas cruciales para garantizar la libertad de expresión: concentración de medios, propiedad cruzada y protección de la libertad de prensa (Sorj: 2011).

Nicaragua no puede continuar rehuyendo a este debate. Automáticamente quedaría aislada al no tener un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos de la Comunicación. Resulta necesario que el Estado formule nuevas políticas públicas en el campo de la comunicación, y abra un proceso de consulta al menos con los siguientes actores: sociedad civil, iglesias, universidades, especialistas, Colegio de Periodista de Nicaragua, dueños de medios de comunicación, etnias, mujeres, adolescentes, niñez y especialistas, y empresas de telefonía.

Una eventual nueva ley de medios debe definir reglas del juego clara para licenciatarios de medios, telefonías y ciudadanía, incluso ¿por qué no incluir en esta iniciativa la figura del Defensor de las audiencias? ¿Por qué no regular los plazos del servicio de telefonía móvil cuyas prácticas están sujetas a discrecionalidades? ¿Por qué no incluir un capítulo si cabe o no un subsidio para los dueños de televisión y usuarios en relación al salto a la televisión digital? ¿Por qué no definir cómo verdadero medios públicos al Canal 6, Canal Parlamentario y Radio Nicaragua?

Frente a este escenario de comunicación, la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas, con el objetivo de promover el derecho a la información este martes 26 de junio inauguró el primer Foro Nueva Ley de Medios, el cual tendrá los siguientes grandes temas: Televisión digital, Internet, Alcances de los Anteproyectos de una Nueva Ley de Medios y Radios Comunitarias.

Durante el primer foro, los panelistas Miguel Mora, director de Canal 15; Amílcar Espinoza, especialista en audiovisuales, y Guillermo Rothschuh Villanueva, comunicólogo y director del Observatorio de Medios-Cinco, coincidieron en que el salto a la televisión digital es inevitable, lo grave es que desde agosto de 2010, las autoridades de Telcor, no han vuelta hablar del tema.

Desde la academia queremos aportar situando este tema crucial para la democracia. El foro se ha constituido como una tribuna abierta y pluralista en la que esperamos participen todas las voces posibles: Gobierno, Asamblea Nacional, especialistas, y empresas de telefonía.

¡El debate ya ha iniciado!

* Periodista