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Tanto en la derogada Ley de Contrataciones del Estado como en la vigente Ley de Contrataciones del Sector Público, se establecieron tres recursos administrativos, y una acción de reclamo, que mal se le ha llamado Recurso de objeción al pliego de bases y condiciones, lo cual muchas veces trae confusión.

Lo nuevo en la Ley de Contrataciones del Sector Público, es que el Recurso de impugnación se interpone ante la Procuraduría General de la República, creándose una unidad, dentro de este órgano del Estado, para la recepción y resolución de este recurso.

Como es evidente, este sistema complicado de recursos, o como le han llamado algunos doctrinarios: “entuertos procedimentales”, lo que ha hecho es, incomprensiblemente judicializar la vía administrativa, haciendo innecesariamente complicado los recursos administrativos.

A esto hecho se suma que la mayoría de los empleados que laboran en estas unidades, tanto en la Procuraduría como en la Contraloría General de la República, no son especialistas en Derecho Administrativo, y no tiene especialización en Contrataciones del Estado, lo que lleva a que apliquen en sus resoluciones una lógica jurídica civilista y no administrativa.

Sin embargo, estos hechos no son nuevos. La mayoría de los países de América Latina han tenido estos problemas, y se han buscado soluciones con el propósito de procurar una resolución administrativa en un tiempo breve.

En Panamá, a través de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, modificada por la Ley 41 del 10 de julio de 2008, y su reglamentación, a través del Decreto Ejecutivo Numero 366, de 28 de diciembre 2006, se creó una institución novedosa: El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que tiene su antecedente, en los Tribunales de Contrataciones de Chile, diferenciándose que este último país, es de carácter jurisdiccional y no administrativo.

La novedad destacable de este nuevo sistema, es que el Tribunal Administrativo de Contrataciones es una instancia descentralizada, autónoma, imparcial y tiene jurisdicción nacional. Fue creado para revisar las decisiones emanadas por la entidad licitante en razón de los procesos de selección del contratista, a través del Recurso de Impugnación, y procura a su vez, darle el más estricto cumplimiento a los principios rectores de los proceso ante el Tribunal: imparcialidad, celeridad, economía, eficacia, debido proceso y estricta legalidad.

Con la norma actual, todas las decisiones que emita el Tribunal son la culminación de la esfera administrativa, es decir, es en el Tribunal Administrativo en donde se agota la vía administrativa. Las decisiones no son recurribles ni siquiera ante el mismo Tribunal, salvo aquellas acciones que corresponde ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Es decir, el Tribunal conoce y resuelve el Recurso de Impugnación contra el acto de adjudicación o la declaratoria de deserción emitidos por las entidades en los procedimientos de selección de contratista; el Recurso de Apelación contra la resolución administrativa del contrato y la inhabilitación del contratista, las acciones de reclamo no resueltas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, dentro del término de los cinco días hábiles que tiene para resolver.

Esta experiencia ha sido tan exitosa que la nueva Ley de Contrataciones del Sector Público de España estableció un Tribunal de Contrataciones Administrativas, con grandes similitudes al de Panamá.

En Nicaragua se necesita, como es evidente, una reforma a la Ley de Contrataciones del Sector Público, y crear un Tribunal como el de Panamá, que tenga solamente dos recursos: el de Impugnación y el de Apelación, y que conozca también de los reclamos no resueltos por la Dirección de Contrataciones del Estado. Y, que también, este Tribunal conozca, en única instancia de los Recursos administrativos que se establezcan en la nueva Ley de Contrataciones Municipales, que deben de ser iguales a los de la Ley 737, una vez reformada.

Pero los magistrados que deben integrar este Tribunal, además de las calidades técnicas, deben ser propuestos por la Empresa Privada, universidades, la sociedad civil y los diputados. Pasar un concurso, y ser nombrados mediante decreto presidencial para un periodo de cinco años.

 

* Doctor en Derecho Administrativo. Máster en contrataciones del Estado, y Co-director del máster en Contrataciones del Estado de la Universidad Castilla la Mancha, España.