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El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscal para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías, 11 campesinos y decenas de heridos graves.

El gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos. Avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, y, finalmente, la instalación de una cómoda platea a los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.

Una nota difundida por la agencia Bolpress informa que según la Comisión Verdad y Justicia, 7.851.295 hectáreas mal habidas, el 19% del territorio nacional fueron distribuidas en el período 1954-2003 en zonas fronterizas de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Además, agroindustriales brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles compraron al menos 1,8 millones de hectáreas entre 2006 y 2010, y entre 9 y 10 millones de hectáreas en los últimos 20 años.

En Paraguay el 85% de la tierra está en poder del 2.5% de propietarios. Los campesinos e indígenas sin tierra constituyen una amenaza para estos megaproyectos y su despojo permanente requiere del terror y de la guerra.

El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar.

Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en 2010. (Agencia Bolpress)

Por otro lado, el Comando Sur de los Estados Unidos estableció en el corazón geográfico de esta área estratégica, la enorme base militar Mariscal Estigarribia, con capacidad para 16,000 hombres, y la garantía de impunidad por violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por sus tropas.

El Partido Liberal que apoyaba al Presidente Lugo rompió con él cuando anunció medidas de reforma agraria. La concentración de tierras continúa en pleno siglo XXI causando injusticias, pobreza, represión y masacres. La presencia de 12 cancilleres de Unasur en Paraguay y su pronunciamiento de respaldo al Gobierno constitucional de Fernando Lugo no logró detener el golpe de Estado, producido cuando apenas faltaban ocho meses para las elecciones.

Organizaciones como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, expresan su rotundo rechazo a lo que ellas conciben como un golpe de Estado y su más firme respaldo a los campesinos paraguayos que defienden su derecho a la tierra.

Además exigen el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, que debe superar su vergonzosa respuesta al golpe de Estado en Honduras. Llaman a los organismos de Derechos Humanos y movimientos sociales del continente, sumarse a este rechazo y vigilar de cerca la situación en Paraguay, sobre todo el respeto a los derechos humanos y colectivos de los cientos de miles de campesinos despojados.

* Periodista