Jorge Eduardo Arellano
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El 2 y 5 de septiembre, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, respectivamente, conmemoran un aniversario más de su fundación en 1979, después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Ambas instituciones tienen su origen en la lucha revolucionaria y fueron integradas por guerrilleros, milicianos, combatientes populares y jóvenes, hombres y mujeres, que se involucraron para el derrocamiento de la dictadura somocista (1934-1979).

Antes de esa fecha en Nicaragua no existían instituciones de similar naturaleza, ya que la Guardia Nacional era una entidad militar pretoriana que cumplía la función de Policía y Ejército. Por primera vez en la historia se separaron ambos roles, suscribiéndolos a entidades gubernamentales distintas; aunque se perfiló la naturaleza civil de la Policía y del Ministerio del Interior, en la práctica, dado su origen y las condiciones del conflicto bélico de agresión desarrollado durante la década del ochenta (1983-1989), preservaron jerarquía, entrenamiento y cultura militarizada, hasta 1990-1992, cuando se inicia una reforma policial que buscó quitar a dicha institución el carácter partidario y militar, y que fue finalmente precisada su estructura, funciones, carácter profesional y carrera policial en la Ley 228, de 1996.

El Ejército de Nicaragua, dos años antes, institucionalizó su nuevo marco legal con la vigencia del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Ley 181, agosto de 1994). La desconfianza política externa llevó a una especie de abandono gubernamental hacia la fuerza policial, de los 7 mil policías que habían en 1990, se redujo a 6 mil en 1999, con 1.5 millones de habitantes más que atender; las reservas por su origen, se percibieron superadas entre 1999-2001, iniciándose a revertir la tendencia de deterioro.

El Ejército, durante la década de los ochenta, fue predominante junto a otros órganos del Ministerio del Interior (de Seguridad del Estado), porque la “defensa de la revolución” se constituyó en el fin estatal y de las organizaciones sociopolíticas vinculadas al sandinismo. La Policía fue una entidad de segundo nivel de prioridad, fortaleció su capacidad de lucha contra la delincuencia y apoyó el proceso revolucionario. La Constitución de 1987 se refirió únicamente a las funciones de ORDEN INTERIOR y no específicamente a la Policía, siendo hasta la reforma constitucional de 1995 cuando, al incorporarse el artículo 97, quedó definida la misión y el carácter de la Policía Nacional, pasando a tener mayor relevancia en la vida social, política e institucional del país.

El protocolo de transición del 27 de marzo de 1990, entre las fuerzas políticas del gobierno sandinista saliente y las nuevas autoridades electas el 25 de febrero, preservaron, en medio de los temores, a ambas instituciones, decisión acertada que ha permitido lograr niveles de profesionalización, estabilidad y continuidad. A pesar de las incidencias ocasionales de algunos gobernantes y ministros de turno, se desarrolló su capacidad de acción contra la delincuencia y su vinculación con la comunidad.

Lo anterior facilitó conservar los avances técnicos, logísticos, organizativos, promover procesos de relevo ordenados, adecuar la calidad y experiencia del recurso humano en los ámbitos propios de la defensa militar y la seguridad pública, despojarlos del carácter partidario, promover su profesionalización y modernización para adaptarlos a las condiciones sociopolíticas que el país y el contexto centroamericano e internacional enfrentaba.

En general, se puede afirmar, que ambas instituciones hoy se constituyen en las entidades gubernamentales con el mayor nivel de confianza y percepción de garantía que tienen los nicaragüenses.

Diversas encuestas de opinión durante el último quinquenio reafirman que entre las instituciones estatales con mayor confianza entre la población están el Ejército y la Policía. Ambas suelen ubicarse en la tercera y cuarta posición de la percepción positiva respectivamente, sólo por debajo de la opinión favorable que las personas manifiestan tener de la Iglesia Católica y los medios de comunicación.

Lo anterior no quita a que ambas, particularmente la Policía, la cual tiene que lidiar en el día a día con la conflictividad social y delictiva del país, los problemas rutinarios de la convivencia, no esté sujeta a la crítica pública por abusos, errores de actuación o circunstancias que rebasan su propia capacidad.

En eso el Ejército, cuyo rol está restringido a otros ámbitos, puede con frecuencia “ver los toros de largo” y no estar sujeto al conflicto ni reclamo cotidiano de los ciudadanos y los actores políticos.

En el contexto de paz, la no existencia de conflictos de agresión externa, el Ejército ha desarrollado durante las últimas décadas sus capacidades de defensa civil; se ha involucrado en “planes de seguridad en el campo”, en coordinación con la Policía Nacional y en la lucha contra las nuevas y variadas formas de la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico. Afortunadamente no se ha cruzado aún la frontera de involucrarse directamente en la lucha contra la delincuencia común en las ciudades, como ha sucedido, dados los extremos de la violencia criminal y la inseguridad en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Los retos del órgano castrense, frente al porvenir, son indudablemente el de preservar su carácter profesional en el marco de su competencia, sin inmiscuirse en tareas ajenas, propias de las entidades civiles o políticas del resto de la sociedad y el Estado de Nicaragua.

La Policía enfrenta una compleja y creciente violencia y percepción de inseguridad, fenómeno común en la región, aunque menos grave en nuestro país. Está envuelta en la rutina de la demanda social, desde el nivel local, los delitos, las pandillas, la vía pública, las tensiones entre adversarios partidarios, protestas por el transporte y los precios, demandas de variada índole.

Sus retos son fortalecer la descentralización y desconcentración para atender las necesidades locales y promover la prevención; la solución de los problemas de la inseguridad desde la comunidad, con una activa participación social en la atención de las causas criminológicas del delito; acercar el servicio a los ciudadanos(as). Está obligada a generar capacidades para prestar mayor atención al delito común menos relevante que genera alta percepción de inseguridad entre las personas, y que representa casi el 90% del total de denuncias; fortalecer sus sistemas de inteligencia criminal para enfrentar la amenaza creciente de la delincuencia organizada nacional y transnacional.

La realidad de Nicaragua, casi tres décadas después, es de naturaleza distinta. Ambas organizaciones que han recorrido un largo camino, entre la fundación y la creación de institucionalidad, la guerra y la paz, la injerencia, la desconfianza, entre la estabilidad y el cambio, los éxitos y fracasos; requieren continuar creando capacidades humanas, técnicas, organizativas y logísticas para adaptarse con flexibilidad a los nuevos tiempos, sin perder de vista el rumbo, que no es ajeno en su esencia a su origen revolucionario.

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