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El Parlamento (Dieta) japonés, en una decisión sin precedentes, creó una Comisión de Investigación Independiente sobre el accidente de Fukushima Daiichi y acaba de entregar su informe. Su contenido es, en muchos aspectos, demoledor. La conclusión principal es que si bien el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011 fueron la causa de los acontecimientos, sus consecuencias se deben, sobre todo, a una actuación inapropiada y censurable de las personas y las instituciones que debían gestionar el accidente.

De forma especial acusan de colusión, en negligencias y falta de iniciativa, a la propietaria de las plantas, Tokyo Electric Power, (Tepco), a los reguladores y a las autoridades gubernamentales. Es decir: lo que ocurrió pudo haber sido previsto pero no se tomaron las medidas adecuadas.

El informe intenta responder a una pregunta que mucha gente ha venido haciéndose desde entonces. ¿Cómo es posible que el accidente de Fukushima haya tenido lugar en un país de la tradición y excelencia en tecnología de Japón?

Pues bien, muchas de sus conclusiones se refieren a la concurrencia de factores propios de la cultura japonesa, como el sentido de la obediencia ciega y la reluctancia a cuestionar la autoridad; la tendencia a seguir literalmente los protocolos, incluso en situaciones de emergencia, y la resistencia a incorporar ideas venidas de fuera, en particular, las que surgieron a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para incrementar la seguridad de las plantas nucleares.

Las recomendaciones inciden en la modificación radical de las relaciones entre reguladores, empresas y Gobierno, así como en cambios en la normativa asociada al sector nuclear, aligerar la burocracia y dotar al personal in situ de la formación y la autoridad para tomar decisiones.

* Editorial El País, España.

09-07-2012