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Por varios años diferentes voces vienen planteando la necesidad impostergable de una mayor inversión pública para mejorar el acceso y la calidad educativa. El momento de una reforma fiscal que se nos plantea hoy, es una excelente oportunidad para dar muestras de voluntad respecto a la importancia que daremos a la educación en los próximos años, a fin de convertirla en un verdadero motor del desarrollo. Todos: sector público, empresarios grandes, medianos y pequeños, y organizaciones sociales vinculadas con los sectores del desarrollo.

Los diferentes escenarios que se plantean para el desarrollo del país (cambio de matriz energética, desarrollo de agroindustria, construcción del Canal Interoceánico, impulso a telecomunicaciones, diversificación del turismo) serán reales y sostenibles para los nicaragüenses sólo con una educación básica, técnica y profesional de calidad.

En realidad, los nicaragüenses tenemos dos posibilidades: impulsar el desarrollo con una inversión educativa de calidad, o seguir reproduciendo un modelo productivo de mano de obra barata y con baja calificación, con inversiones de capitales que se expatrían y cuando quedan en el país, no se traducen en mejores condiciones de vida para la población.

Evidentemente, en la reforma fiscal hay diferentes demandas que atender en lo productivo, tecnológico, laboral, social, ambiental; pero el sistema educativo debe ser una prioridad.

Algunos cálculos de los costos para avanzar de manera sustantiva hacia una educación de calidad en todos los niveles educativos, fueron planteados por el estudio “Agenda Educativa de Nación” propuesta por FUNIDES. El mismo plantea un aporte promedio anual de 1.18 por ciento de un PIB que crece al 6 por ciento, o del 1.4 por ciento creciendo al 3 por ciento. No es algo fuera del alcance de nuestra economía; más si se valoran los retornos de la educación a mediano y largo plazos. A ello puede aportar de manera importante la reforma fiscal.

Diferentes especialistas han estimado las exoneraciones y evasiones fiscales por encima de los 500 millones de dólares. Si por medio de la reforma fiscal se logra ordenar al menos un 60 por ciento de este monto, el país dispondría de unos 300 millones de dólares anuales adicionales a sus ingresos actuales. Un 15 por ciento de ellos para educación representan unos 45 millones de dólares, con los cuales se cubriría ya dos terceras partes de la necesidad de un piso del 7 por ciento de la inversión pública para educación.

¿Nos opondríamos a que se graven rones, cigarrillos y similares para destinar recursos a la educación? ¿Estaríamos en contra de que un 2 por ciento del IVA se destine a la educación? ¿O para que la inversión extranjera directa dé su aporte a la educación nacional, sea básica, alfabetización o tecnológica; tanto la inversión de corto como de largo plazo?

Estos recursos deben ser respaldados por un plan de inversiones sobre la calidad educativa, con énfasis en formación, capacitación y salario real de la docencia, textos y mejora de modalidades con salidas al mundo laboral en secundaria y educación tecnológica; infraestructura y condiciones higiénico sanitarias de los centros educativos. Al mismo tiempo que un plan para el incremento de las carreras técnicas medias y superiores, así como de reconversión ocupacional de jóvenes desempleados.

Es una buena oportunidad para impulsar una educación que forme ciudadanos emprendedores, con las competencias y valores que fortalezcan tanto la economía como el tejido humano de nuestra sociedad. En el contexto de la reforma fiscal se pueden abrir estos causes.

Para ello, es conveniente que los dirigentes de la educación realicen un encuentro entre Sector Privado, Público y organizaciones sociales dedicadas a la educación, donde se concierten y planteen puntos fundamentales para que la reforma fiscal sirva de base para un escenario de mediano plazo donde la educación se convierta realmente en motor de nuestro desarrollo.

* Educador