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Una vez concluidos los análisis contables y las investigaciones correspondientes, llevadas a cabo en alguno de los Poderes Públicos, órganos del Estado o dependencias del Gobierno, sujetos a investigación por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos públicos presuntamente cometidos por funcionarios o empleados que incumplen y transgreden el Control Interno de la entidad u organismo, la Contraloría General de la Republica debe proceder a dictar la resolución correspondiente.

Una vez comprobadas tales irregularidades y cualesquiera otras normas prescritas en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, especialmente a las contenidas en su artículo 20, Capitulo V, que ordena a los mismos rendir cuenta de sus bienes, tanto al asumir sus funciones como después de haber concluido en las mismas, la Contraloría, procederá a dictar la resolución correspondiente, fundamentando ésta, en su artículo 17, que se refiere a las resoluciones de responsabilidad administrativa, civil y de presunciones de responsabilidad penal que, a tal efecto, dispone que las responsabilidades quedarán firmes o definitivas, hasta que transcurran, respectivamente, los términos de 30 días para el Recurso de Amparo Administrativo y de 60 días para el caso del “Recurso de Amparo por inconstitucionalidad de la ley”.

El no hacer referencia en el artículo mencionado a recurso alguno en contra de la resolución que señala la existencia de presunciones de responsabilidad penal es por la sencilla razón de que ésta no admite recurso alguno en su contra y por lo tanto debe reputarse como firme, debiendo en consecuencia continuarse su tramitación en los tribunales de lo penal, para que sean éstos, en consecuencia, los que establezcan en definitiva si las presunciones fueron fundadas o infundadas.

Todo esto para que el caso se tramite en estricto apego a lo que dispone el artículo 156 de la Constitución Política de la República que, clara y taxativamente ordena a la Contraloría que una vez resuelto que existe presunción de responsabilidad penal, debe pasar de inmediato su investigación, junto con todos los documentos que le sirvieron de soporte, a los tribunales competentes, bajo el apercibimiento de encubridora, si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinara que cometieron los investigados.

Queda absolutamente claro, entonces, que si del cotejo de la declaración de probidad que obligadamente debió presentar el funcionario o servidor público al iniciar sus funciones, con la declaración de probidad que rindió al concluir las mismas, se apreciara que tal funcionario o empleado público. “hubiera obtenido un incremento de su patrimonio con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, y que no pueda justificar al ser requerido por el órgano competente señalado en la ley, será sancionado con prisión de cuatro a nueve años”.

Sin necesidad de quemar muchas células grises, queda claro que la Contraloría, ante la que se presentan tales declaraciones de probidad, es el organismo idóneo y suficiente para declarar la existencia de tales presunciones de responsabilidad penal, que, en este caso, quedarían bajo la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, de que da cuenta el artículo 448 del Código Penal, artículo este, semi-oculto y escondido dentro del Capítulo V que trata del cohecho, que absolutamente nada tiene que ver con el enriquecimiento ilícito.

Como corolario de lo anteriormente expresado, si nos detenemos a considerar que el enriquecimiento ilícito no se encuentra incluido entre los delitos de acción privada a que se refiere el arto. 53 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es porque tal delito es de “acción pública” y, por lo tanto, según el contenido del acápite 1 del arto. 51 del mismo CPP, la acción legal en contra de ese delito se ejerce de oficio por el Ministerio Publico, lo que nos obliga a preguntarnos, por qué el Fiscal General del Estado, representante del Ministerio Público no ha promovido nunca acción judicial en los incontables casos de delitos de esa naturaleza que, en los últimos años, se han cometido y se siguen cometiendo impunemente aun por los más altos funcionarios del Gobierno.

Tal cosa solo puede explicarse si el Fiscal General del Estado fuese ciego y sordo, lo que no le permitiría percatarse de lo que ocurre en su entorno, o si el representante del Ministerio Publico fuese ignorante, insensato, torpe, inepto o encubridor, y tal vez cómplice de los funcionarios que se han enriquecido ilícitamente en el ejercicio de sus cargos, cuyas mansiones, haciendas, palacios, aviones y yates de lujo, ofenden a los nicaragüenses desempleados y a aquellos que hacen verdaderos sacrificios para poder seguir subsistiendo.

* Abogado

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