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A medida que se aproximan las elecciones municipales del mes de noviembre a los partidos políticos de oposición se les plantea el dilema de participar o no en ellas.

Como argumentos a favor de participar se esgrimen los siguientes: a) La obligación de concurrir que establece la Ley Electoral, so pena de que el partido que no lo haga pierda su personalidad jurídica. Este argumento pareciera pesar mucho, especialmente para aquellos políticos que quieren que su partido conserve su personalidad jurídica porque tienen puesta su mirada en las elecciones presidenciales de 2016; b) Participar en las próximas elecciones municipales, se dice, le permite a un determinado partido consolidar su categoría de segunda fuerza política del país, y conservar las prerrogativas que la Ley Electoral tiene previstas para la segunda fuerza, principalmente en cuanto a la integración de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, así como en la constitución de las Juntas Receptoras de Votos. Todo esto puede ser de mucha utilidad, se supone, en las elecciones presidenciales de 2016; c) El otro argumento que se esgrime es que en la política no hay que ceder espacios y que, por lo tanto, conviene participar porque existen municipios donde el FSLN nunca ha ganado una elección. Sería, entonces, lamentable no participar porque ese espacio lo ocuparía el FSLN, o se lo cedería al PLC, o a alguno de los micropartidos que están dispuestos a participar en las condiciones actuales; d) Se menciona también que en varios municipios hay entusiasmo por participar en las elecciones. Convendría analizar si realmente existe en la población de esos municipios un genuino interés por participar, o si se trata únicamente de un interés circunscrito a las personas de los posibles candidatos a alcaldes, vicealcaldes o concejales, que aspiran a ocupar un cargo público.

Sin duda, la personería jurídica es importante para un partido político. Pero no tanto como para, en aras de la misma, sacrificar todo su prestigio y trayectoria de honorabilidad al participar en un proceso donde los jueces son los mismos que cometieron los fraudes de 2008, 2009 y 2011, y que ya están dando claras señales de estar preparando el de 2012. Asistir, en estas condiciones, es prestarse al juego del orteguismo, dándole legitimidad a su mascarada electoral.

Además, en este país, con el CSE que tenemos, ninguna personería jurídica está segura, pues en cualquier momento la pueden cancelar, si así conviene a los intereses del orteguismo. Las prerrogativas que la Ley Electoral confiere a la segunda fuerza política del país, el actual CSE las ha nulificado, como ya lo vimos con lo que está sucediendo con los presidentes departamentales y municipales del PLI.

En los municipios donde el triunfo de la oposición es tan seguro que ni con un posible fraude se le puede arrebatar, el FSLN procedería a rodear al alcalde electo de una multitud de concejales orteguistas que no le van a permitir al alcalde ejercer sus funciones.

Cierto que participar en las elecciones es un deber cívico, pero no es una obligación legal. Ir o no ir a depositar el voto depende de la decisión que cada ciudadano tome consultando su conciencia acerca de si existen o no las condiciones indispensables para que su voto sea honestamente contado, y que el resultado final se corresponda con la voluntad soberana del pueblo.

La propuesta de suspender las elecciones municipales choca con el impedimento constitucional del Artículo 178, que establece que el período de las autoridades municipales es de cuatro años. Sin una reforma de este artículo, no es posible posponer las elecciones municipales. Por otra parte, auspiciar en estos momentos una reforma constitucional o una Ley Marco, nos parece muy arriesgado.

Lo que cabe, entonces, es organizar un movimiento cívico nacional, con participación de todos los sectores que, en respuesta al clamor nacional y a las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, exija el cambio inmediato de todos los actuales magistrados del CSE y la renovación a fondo del Poder Electoral, a fin de garantizar unas elecciones justas y transparentes e iniciar así el camino de la recuperación de la institucionalidad democrática.

Managua, julio de 2012.

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