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El Estado de derecho requiere un conjunto de operadores jurídicos con suficientes capacidades técnicas para lograr el funcionamiento adecuado de las nuevas leyes y de las nuevas instituciones.

Así como el Sistema de Salud opera con un grupo de personas que cumplen diversas tareas (enfermeras, médicos, administradores, etc.), el sistema jurídico requiere el desempeño articulado de roles muy diversos a cargo de jueces, magistrados, secretarios judiciales, abogados litigantes, profesores e investigadores.

A partir de 1995 se ha ido creando una nueva infraestructura jurídica: normas, procedimientos e instituciones; sin embargo, la enseñanza del Derecho y el ejercicio profesional han permanecidos anclados en modelos del siglo XIX.

Muchos investigadores consideran que la masificación experimentada en la década de los 90 del siglo pasado ha repercutido negativamente en los niveles de calidad de los egresados.

La proliferación de facultades de derecho (en la actualidad existen 27), en su mayoría con condiciones mínimas de infraestructura y calidad; así como la falta de regulación y de estructuras de organización que aseguren el desempeño adecuado y responsable, hace que, por una parte, los juzgadores se quejen de la deficiente calidad profesional de los abogados, y por otra los usurarios levanten su voz sin ser escuchados, por la falta de ética y de formación profesional de estos; todo lo cual contribuye a fomentar la desconfianza y la mala imagen de la justicia en la sociedad nicaragüense.

No es, por tanto, sorprendente que en las encuestas de opinión los encuestados tengan siempre una percepción negativa de la honestidad de los juzgadores y los abogados.

En la Ley Creadora del Sistema para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA, en el título tercero (Del Aseguramiento de la Calidad en la Educación), artículo 10, inciso 4; se establece que “los docentes deberán poseer como mínimo el grado académico que se ofrece y el conocimiento específico de la materia que impartan”.

Y es que actualmente, para ser profesor de una facultad de Derecho no se requiere tener un grado académico superior. Basta con ser licenciado, sin experiencia, para impartir clases. De esta forma, las facultades no están obligadas a contratar a quienes tienen grados superiores.

Son pocas las facultades de derecho que se esfuerzan por mantener actualizados sus planes y programas de estudios, que revisan el desempeño de sus alumnos con base a exámenes de egreso, que intentan incrementar las oportunidades profesionales de sus estudiantes mediante vínculos académicos con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales.

Aunque de modo muy lento, este estado de cosas ha empezado a cambiar y, sobre todo, comienza a incrementarse la conciencia de que la enseñanza del derecho y el ejercicio profesional de los abogados constituyen elementos cruciales para la construcción de un Estado de Derecho.

Es necesaria una mayor profesionalización de los abogados, mediantes la colegiación obligatoria o exámenes estatales. Resultaría positivo que se cree un organismo de acreditación de la educación jurídica, y que solamente puedan impartir clases aquellos que se encuentran acreditados debidamente, de acuerdo a un escalafón, y que realicen un examen de acuerdo a su especialización y reciban cursos de metodología de la educación, para asumir la cátedra.

La UNAN-Managua, y especialmente la Facultad de Humanidades, está dando pasos positivos en esa dirección, pero debe ser obligatorio para todas las universidades, especialmente las que reciben del presupuesto el 6%.

De esta forma, la figura del profesor es garantía de una buena enseñanza, y se incrementa el respeto, hoy perdido, debido a que el docente está especialmente subordinado a los caprichos y a la discrecionalidad, tanto de los alumnos como de las autoridades administrativas.

Muchas veces nos olvidamos que la educación es un servicio público, y por lo tanto, debe tener un régimen jurídico de Derecho Administrativo; es decir, estar sujeto a controles y supervisión permanente de parte de las instituciones del Estado.

* Profesor de Derecho Administrativo

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