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Es muy improbable que prospere el recurso de la izquierda mexicana, aglutinada en torno al derrotado Andrés López Obrador, para invalidar las recientes elecciones presidenciales, argumentando la compra y manipulación de millones de votos por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Los siete puntos de ventaja (más de tres millones de sufragios) del presidente electo y candidato del resucitado PRI, Enrique Peña Nieto representan presumiblemente para las autoridades electorales -que tienen hasta septiembre para pronunciarse- un argumento contundente sobre un proceso en el que no hay evidencia de irregularidades a gran escala.

Sin duda, las protestas callejeras expresan la insatisfacción de muchos mexicanos con el regreso al poder del PRI, que mantuvo durante siete décadas el control absoluto del país, hasta su defunción electoral en 2000. Pero ese inquietante retorno de un partido íntimamente asociado a la corrupción no puede ocultar el hecho de que el populista Obrador ha sido siempre un mal perdedor.

Lo es ahora, aun cuando curiosamente no haya denunciado los resultados de las elecciones al Congreso -celebradas también el 1 de julio y en idénticas circunstancias que las presidenciales-, quizá porque su coalición izquierdista se ha convertido en la segunda fuerza del nuevo Parlamento.

La izquierda mexicana viene fracasando desde 1988 en su intento de alcanzar la presidencia. Para los correligionarios de López Obrador parece llegado el momento de preguntarse si les conviene como líder un hombre dos veces derrotado, con tendencia al victimismo conspiratorio y cuyo estilo abrasivo y anquilosado le ha enajenado una parte de su voto natural. Obrador es un lastre. En su propio partido, el PRD, hay dirigentes -Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal, o su sucesor, Miguel Ángel Mancera, entre otros-, pragmáticos y dialogantes, que no suscitan el rechazo de los electores y están en mucha mayor sintonía con las realidades del México de hoy.

* Editorial EL PAÍS