•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Recientemente entró en vigencia la nueva Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley Nº 641, Código Penal; en la cual, como en toda Ley de reciente aprobación, se pueden detectar deficiencias y aspectos negativos.

En esta ocasión me referiré al que considero el más importante: su contradicción con el precepto constitucional de igualdad ante la Ley, el más importante por encima de criterios políticos y económicos de toda nación.

Es cierto que existe una desigualdad dentro de la igualdad, entre el hombre y la mujer, producto de la vulnerabilidad de esta en la sociedad actual, pero esa desigualdad no se puede dar en el ordenamiento jurídico y menos en la rama punitiva, como es el Derecho Penal.

El primer elemento que contradice el precepto constitucional mencionado es precisamente el título de esta ley que utiliza el término hacia la mujer, creando un desequilibrio al estar solamente en defensa del género femenino.

Luego, en su artículo uno, establece: “la violencia que se ejerce contra las mujeres”, aunque para evitar la desigualdad (en la teoría), el legislador, seguidamente anexó: “que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación”. Pero, ¿es una desigualdad con respecto al hombre?, si sería así no tiene por que ser excluido de la protección de la Ley.

Sería más loable que se refiera a todos por igual, es decir a todos los miembros de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.

En la Ley encontramos ligeras enunciaciones de igualdad sin distinción alguna por razón de género, edad, etnia y discapacidad, pero con mayor desplazamiento teórico cuando se trata de la mujer. En determinados delitos la Ley menciona como sujeto activo único del delito al hombre, es decir, es el único que puede cometerlo.

Es una realidad evidente la violencia que sufren las mujeres en nuestro país, pero esta Ley es excluyente del maltrato que sufren los niños, jóvenes de ambos sexos y ancianos.

Esto nos conduce a pensar que la violencia intrafamiliar no es precisamente un flagelo que sufren las mujeres; es fundamentalmente un problema de salud pública, pues cualquier miembro de la familia podría ser víctima de una agresión, en cualquiera de las modalidades tipificadas como delito por la Ley N° 779.

* Estudiante de Derecho