Jorge Eduardo Arellano
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“Podemos informar que hemos capturado a dos personas que participaron en los hechos, pero aún nos falta el jefe de la banda”, eran las palabras brindadas a los medios de comunicación por la relacionista público de la Policía Nacional. ¿No se sabe entonces quiénes son los autores intelectuales?, preguntó uno de los periodistas. “Lo que puedo comentarle es que seguimos con las averiguaciones”, respondió.

De las declaraciones transcritas se desprenden dos cuestiones trascendentes para el derecho penal. La primera es que en un hecho delictivo pueden intervenir varias personas, algunas directa y personalmente, como el que dispara en el homicidio, el que apuñala en las lesiones o el que sustrae en el robo (cada uno autor de su delito); y otras intervienen indirectamente, como el que proporciona el arma o el explosivo para el atentado, el que vigila en el robo, el que conduce en la huída (los denominados partícipes). La segunda cuestión es que si a los efectos de la ley penal se castiga más gravemente a los que intervienen directamente en un delito --los autores-- y más levemente a quienes sólo lo hacen como partícipes; conviene entonces preguntarse que si “el jefe de la banda”, quien no interviene directamente en la ejecución del hecho, es un autor o un partícipe, o si, como tradicionalmente se ha considerado por el entorno social nicaragüense, el “autor intelectual” es un autor especial, un tertius genus entre la autoría material y la participación.

El nuevo Código Penal entra directamente en la cuestión: el que planifica el hecho y dirige la operación, aunque no intervenga en su ejecución directa, “el jefe de la banda” es un autor con todas sus consecuencias. Ante tal razonamiento se mostró enormemente sorprendida la profesora de la Universidad de Navarra, Leticia Jericó --¿qué fue lo que motivó al legislador nicaragüense a considerar la autoría intelectual como una nueva forma de autoría?-- preguntó. Quizá comentando algunos fragmentos de la discusión parlamentaria, logremos acercarnos a la voluntas legislatoris, le expresé.

Convocada la reunión por el presidente de la Comisión de Justicia en el Salón Sacuanjoche de la Asamblea Nacional, acudieron diputados y asesores; la reunión tenía por objeto la revisión general del Libro Primero del Código Penal. Los ajustes propuestos se recogerían en una “moción de orden”. Sesenta y ocho modificaciones se propusieron aquella mañana.

El diputado José Pallais propuso la modificación del artículo 9 para introducir una eximente específica que abarcara los casos de aborto terapéutico, bajo la nomenclatura del “delito imposible”.

Cuando se preguntó si existía alguna propuesta de modificación al artículo 42, relacionado con las formas de autoría, uno de los diputados preguntó: “¿Y dónde cabe allí “el jefe de la banda”, “el capo”, el autor intelectual? Es que al jefe de la banda se le castiga como inductor, respondimos al unísono los asesores. ¿Cómo puede ser posible?, dijo.

-Le voy a explicar: para diferenciar a los autores de los partícipes, la doctrina absolutamente mayoritaria a nivel mundial, desde Roxin, Luzón Peña y Miguel Díaz, utiliza el criterio del “dominio del hecho”, es decir, que es autor el que decide el sí y el cómo de la realización del hecho delictivo, el que decide si el hecho se realiza, cuándo, dónde y cómo se realiza. En el caso del autor intelectual, que no interviene directamente en la ejecución del hecho, porque no está en el lugar y en el momento de su comisión, quienes tienen el dominio son los sujetos que materialmente lo ejecutan, por eso es que al jefe de la banda se le castiga como inductor-, respondí.

Entiendo claramente lo que acaba de explicar, dijo el diputado, pero no me parece adecuado que al jefe de la banda se le castigue como inductor, y añadió: el vecino que convence al contador de la empresa para que se apropie del dinero ajeno, es un inductor. El que convence a otro para que se suicide, es un inductor, como también lo es el que aconseja a su amigo falsificar un documento para lograr una estafa.

En todos estos casos el inductor no consigue ningún beneficio de lo que hace el inducido, ni depende de él si el delito se comete o no. Pero en el caso del jefe de la banda, y en especial en los delitos relacionados con el crimen organizado, la cuestión es muy distinta.

En estos casos, el jefe de la banda planifica el hecho, organiza las intervenciones de los demás, reparte las funciones de cada uno, dirige en la distancia la realización del hecho y, finalmente, participa de los beneficios que el acto delictivo les produzca. Por todas estas razones, a las que hay que sumar que en el entorno social está completamente aceptado el concepto del autor intelectual, creo que sería conveniente introducir en la descripción legal esta forma de autoría, concluyó.

Los diputados presentes en aquella reunión expresaron que los argumentos planteados tenían sentido. Desde ese momento “los que sin intervenir directamente en la ejecución del hecho, planifican, organizan y dirigen la ejecución del mismo”, “los capos”, son verdaderos autores. No tengo ninguna duda de que a partir de la redacción expuesta, algunos esgrimiendo razones político-criminales, se mostrarán a favor; otros, imputando tendencias hacia un concepto unitario de autor, se mostrarán en contra. Sea de la manera que sea, es evidente que en materia de autoría hay un antes y un después del nuevo Código Penal.


*Profesor de derecho penal UCA
Doctor en derecho penal por la Universidad de Alcalá, España.