•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Un precio de transferencia es el valor de un bien o servicio que pactan dos empresas que se encuentran relacionadas entre sí por formar parte de un mismo grupo empresarial o pertenecer a una misma persona (natural o jurídica), de forma tal que es posible la creación de utilidades entre tales empresas mediante la deducción en impuestos de costos que se producen entre ellas.

Un ejemplo quizás ayude a comprender la noción: Supongamos que la empresa A y B pertenecen a un mismo grupo empresarial que denominaremos X. La empresa A vende piezas de madera para hacer mesas a la empresa B por un valor pactado de C$10. La empresa B, que se encuentra en el régimen de Zonas Francas, arma las piezas de madera y hace la mesa y reexporta el bien a la empresa A por un valor de C$30. La empresa A vende la mesa a C$50 en el mercado nacional.

Así, puede darse que el valor pactado entre las empresas relacionadas no sea necesariamente el valor de mercado. Además, la empresa B no paga los C$20 de utilidades por la reexportación del bien por estar en una zona franca, y la empresa A puede deducirse ese mismo monto como costo en el proceso de venta del bien.

En este sentido, los valores de bienes y servicios entre empresas relacionadas pueden pactarse de modo tal que pueden ahorrar impuesto al máximo disfrazando como deducciones las utilidades creadas en una u otra empresa, en un esquema en el que, al final del camino, quien termina gozando de las utilidades es el grupo empresarial X.

Así pues, aunque no necesariamente deba ser así, los precios de transferencia pactados por empresas relacionadas en el marco de un mismo grupo empresarial pueden ir en contra de las reglas del libre mercado, afectando el valor de bienes y servicios para optimizar utilidades que se disfrazan de deducción de impuestos.

Por tal razón, los precios de transferencia se ven regulados a nivel legal, de forma tal que se asegure el respeto a las reglas del libre mercado, y una tributación acorde a la realidad económica de las empresas sin que se creen pérdidas o deducciones de forma pactada o artificial.

Esta es una tendencia a nivel internacional largamente definida desde hace décadas, e impulsada decididamente por la Organización para el Desarrollo Económico y Social, por sus siglas en inglés, OCDE. En Centroamérica los precios de transferencia se encuentran regulados en El Salvador, mientras que en Guatemala la regulación del tema entrará en vigencia el 1 de enero de 2013.

La regulación de los precios de transferencia es una medida que genera una tributación empresarial acorde a los criterios de justicia, procurando el pago de impuestos por parte de aquellas empresas que deben tributar porque poseen capacidad contributiva.

La no regulación de este esquema financiero disminuye la capacidad recaudatoria de la administración tributaria, y desde el punto de vista internacional contribuye a la opacidad fiscal, es decir, a la falta de transparencia.

En este sentido, la regulación del tema procuraría una serie de recursos que podrían ser utilizados ulteriormente para incrementar el gasto social en educación, salud, y otros tantos urgidos de cobertura por vía de los impuestos, por no decir que, en definitiva, contribuirían a sanar el déficit presupuestario y la dependencia de fondos extranjeros y préstamos internacionales.

En definitiva, la regulación de los precios de transferencia debería ser un tema en la agenda de la reforma tributaria, puesto que no sólo coadyuva a realizar los fines anteriormente dichos, sino que sirve a situar a Nicaragua en una tendencia internacional que le hace ganar puntos en el tema de transparencia fiscal y dignifica la tributación empresarial en los términos de una justicia fiscal que asegure el bien común.

*Doctor Europeo en Derecho Tributario,

Universidad de Salamanca. Catedrático.

Socio de Impuestos de Kreston Nicaragua

rballadares@krestonnicaragua.com