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Hay un debate muy polarizado sobre el derecho a poseer y portar armas en Estados Unidos. Estalla cada vez que se produce una matanza como la que perpetró James Holmes en un cine de Aurora (Colorado). También, en cuanto se presta atención a la guerra que mantienen los ejércitos del narco en México con armas de asalto compradas en su inmensa mayoría en el país vecino. Menos atención merecen las armas en la violencia cotidiana, aunque alcanza unas proporciones alarmantes. La tasa de homicidios con arma de fuego es la más alta entre los países desarrollados: 80 muertos al día.

Hay un arma por cada ciudadano: 300 millones en total. El arsenal doméstico crece constantemente, pero como la riqueza: cada vez más en menos manos. En 1973 había un arma en uno de cada dos hogares; ahora en uno de cada cinco. Épocas ha habido de mayor control y otras más laxas. Ahora estamos en una de estas, gracias a la acción del grupo de presión que se constituye alrededor de la Asociación Nacional del Rifle.

Todo da facilidades a los asesinos. Hay 78,000 vendedores, 26,000 tiendas y multitud de ferias donde se venden armas sin restricciones. Hay controles, claro, pero escasos y débiles, a cargo de la Oficina para Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. La revocación de una licencia, normalmente por venta a criminales, tarda 15 meses de promedio en hacerse efectiva. Solo el 20% de las tiendas se inspecciona anualmente.

El fundamento es la interpretación de la segunda enmienda de la Constitución: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no deberá limitarse el derecho de la gente a poseer y portar armas”. Para los jueces progresistas es un derecho subordinado a la pertenencia a un cuerpo armado estatal, y un derecho individual inviolable para los conservadores.

Los candidatos presidenciales prefieren ocultar sus preferencias, aunque el primero las prohibiría si pudiera y el segundo legisló en contra cuando fue gobernador en Massachusetts.

El debate afecta también a la libertad de los Estados federados para legislar sin interferencia del Gobierno federal. Pero el mercado libre conviene sobre todo a los fabricantes, los vendedores y los asesinos.

 

* El País