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Desde que en 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas proclamara la Declaración de los Derechos Humanos, mucho tiempo ha pasado y aún en muchos países la educación no figura como un derecho humano y social, sino como un bien individual que se comercializa.

Es clara la brecha existente entre sus principios y las acciones prácticas de los países. Los esfuerzos de Nicaragua han sido evidentes a partir de enero de 2007, al definir una política educativa derivada del derecho a la educación, pero éste va mucho más allá.

Este nuevo horizonte presenta contradicciones al interior, dando origen a lo que con algunos otros autores denominaremos “nuevas dinámicas de exclusión”, o “exclusión incluyente”.

Es necesario reflexionar en que el país debe profundizar en estas demandas del derecho. La realidad es que, aparte de generarse desde el exterior procesos de inclusión no antes vistos, al interior del sistema educativo se generan nuevas formas de exclusión. Tal multidimensionalidad nos alerta sobre la necesidad de construir procesos sociales de inclusión al interior de la educación.

La negación del derecho a la educación a los más pobres suele expresarse al no reconocerlo en la Legislación, hacerlo de forma débil, o simplemente impidiendo el acceso de grandes sectores de la población. Así, los pobres han visto diluidas sus oportunidades educativas frente a un conjunto de argumentos mediante los cuales se ha venido justificando, en nuestra historia, su baja presencia en el sistema educativo. Es la misma sociedad la que produce esta exclusión de los más pobres.

Esta multidimensionalidad de los procesos de exclusión adopta diversas formas de expresión en los países. La exclusión no es una mera posición institucional, sino resultante de un conjunto de relaciones y circunstancias que alejan del derecho a los más pobres. De esta forma, las desigualdades se han transferido al interior del mismo sistema escolar, traicionando el derecho a la educación bajo un prisma de aparente cumplimiento.

La inclusión educativa debe convertirse en un proceso democrático integral que involucre la superación efectiva de las condiciones económicas, sociales y estructurales que producen exclusión.

En este sentido, sería apresurado considerar que el derecho a la educación se consagra por la mera superación parcial de las condiciones que lo negaban anteriormente. Esta inclusión ha de ser un proceso que se construye luchando contra fuerzas y tendencias que continúan produciendo la negación del derecho a los excluidos.

En la región existen varias tendencias que se orientan a revertir y contrarrestar los avances que, en esta materia, se vienen logrando. Se trata de la llamada “universalización sin derechos”, y de una “expansión condicionada”. Esta “universalización sin derechos” ha promovido la expansión de la escolaridad, pero persistiendo factores que impiden el desarrollo de sus condiciones de realización. La “expansión condicionada” ha provocado que los sistemas nacionales de educación hayan crecido, a la par que también han crecido la segmentación y diferenciación institucionales, presentando un conjunto de oportunidades muy desiguales. Esto se cumple, en tanto se continúan conjugando condiciones de pobreza y desigualdad para la mayoría y se da un desarrollo fragmentado de los sistemas escolares con grandes brechas en las oportunidades que ofrecen. Otro factor es la promoción de una cultura del derecho a la educación marcada por una concepción privatizadora y economicista que, si bien amplía el derecho en su discurso, lo niega con una práctica al restringir oportunidades.

Un sistema educativo pobre y desigual se correlaciona con una sociedad que genera pobres y, por ende, con una brutal desigualdad. Esta desigualdad en nuestro sistema educativo hace que, si bien mejoran las oportunidades para los más pobres, en condiciones también de extrema pobreza, tienden a aumentar en mayor proporción las condiciones y oportunidades de educación de los más ricos. El derecho a la educación debiera lograr que los conocimientos constituyan un bien común, pero el sistema escolar, más que democratizar su acceso, conduce a los sujetos educativos por las rutas que se vinculan mejor con su condición de pobreza.

Algunas de estas condiciones que difuminan el logro del derecho para los pobres son, entre otras: acceso y nivel diferenciado de éxito educativo, discriminación pedagógica y logros escolares desiguales, diferencias de recursos y atención adecuada a las etnias, calidad educativa desigual, injusticia curricular, en suma, se trata de una distribución desigual de oportunidades, que se encargará de reproducir la segmentación social.

* Ph. D. Educador e investigador, Ideuca