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Hace pocas semanas, en ocasión de verificarse en un centro de votación, Daniel Ortega dijo que solamente había dos formas de cambiar gobiernos: las armas o los votos, y que afortunadamente en Nicaragua se habían impuesto los votos.

Si Ortega tiene razón, Nicaragua está entrampada en un callejón sin salida, porque la guerra no es deseable, ni, afortunadamente, viable, y desde que Ortega regresó al gobierno, los votos ya no sirven para cambiar gobiernos.

Afortunadamente Ortega no tiene la razón. A raíz de sus declaraciones diversos analistas han recordado que, como lo demuestra la historia y el caso reciente de muchos países, entre ellos los que integraron el bloque socialista, la movilización de calles y las diversas formas de presión social y política, ha conducido al cambio de gobiernos, o a la creación de condiciones que hacen posible vías pacíficas para el cambio de gobiernos.

Esta discusión se ha actualizado por dos razones. Primero, las declaraciones que esta semana diera el General (r) Humberto Ortega en el sentido que “al poder en cualquier parte del mundo se le enfrenta no solo con ideas, se enfrenta con presión, presión social, en el marco de la no violencia, en el marco del respeto al orden y la ley….”. En otra parte indicó: “Hay que exigirle a la clase política por diferentes medios de presión que cumpla con la Constitución, que respeten el Estado de Derecho y que respeten las libertades por las que fuimos a morir”.

Otra razón de la pertinencia de la discusión es el debate que se ha abierto, aunque incipientemente, sobre el papel de la oposición parlamentaria y su vínculo con la necesaria presión para el cambio.

El desproporcionado resultado que el Consejo Supremo Electoral, CSE, asignó a favor de Ortega en las últimas elecciones, implicó el desproporcionadamente pequeño número de diputados que ese Consejo asignó a la oposición. Nadie esperó que la integración a la Asamblea Nacional de esos diputados fuese para, desde semejante minoría, tratar de influenciar las decisiones legislativas. La decisión de integrarse hacía sentido desde la perspectiva de configurar, desde la oposición parlamentaria, una posición de tal fuerza política testimonial que fuese capaz de animar, aunque fuese progresivamente, la presión extraparlamentaria de los ciudadanos y las diversas organizaciones.

Pretender construir consensos en la Asamblea Nacional, desde una ínfima minoría y sin presión de calle, es ilusorio. Que esa presión de calle aún no exista en la dimensión deseable, aumenta la responsabilidad de la oposición parlamentaria de ayudar a crearla con posiciones testimoniales enérgicas. Nunca se sabe cuándo aparecerá la chispa que incendie la pradera, y bien pudiera estarse gestando entre los pocos jóvenes que reiteradamente protestan frente al CSE.

En la agenda del cambio que se necesita, está pendiente conectar la oposición parlamentaria con la oposición extraparlamentaria, y este debería ser el camino a seguir en vez de las descalificaciones recíprocas entre uno y otro sector.

 

* Economista