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La economía en Nicaragua se encuentra severamente concentrada en un pequeño grupo empresarial, situación que genera debilidad estructural que agudiza las imperfecciones en el mercado.

Aunque esta conclusión en verdad no es nueva, sí lo es en el sentido que la advertencia ha sido ratificada por el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA), un tribunal administrativo de orden público y autónomo, encargado de sancionar las prácticas anticompetitivas en que incurren los agentes económicos.

El estudio reafirma que el modelo de desarrollo económico nicaragüense se caracteriza por una considerable participación del Estado en la actividad económica, como controles de precios, sistema de cuotas, subsidios públicos, créditos y exenciones fiscales y protección arancelaria para ciertos sectores.

Esta situación genera colaboración y complicidad entre el gobierno y el sector empresarial, lo que trae como efecto que un grupo reducido de personas tome las decisiones económicas, basados en lazos profundos de amistad y en muchos casos de parentesco; hechos que les dan facilidades para realizar transacciones anticompetitivas.

Entre las prácticas de incompetencia económica, el estudio señala acuerdos en la fijación de precios y abuso de posición de dominio, repartición del mercado y distribución exclusiva de productos, restringir la producción y ventas condicionadas, entre otras prácticas anticompetitivas.

El perjuicio que se ocasiona al consumidor y a la economía en su conjunto con estas prácticas es muy severo, pues los precios sufren alzas excesivas y artificiales, se dificulta la entrada de nuevos competidores al mercado y los agentes económicos no se preocupan por introducir nueva tecnología. Esto a su vez origina que se brinden bienes y servicios de baja calidad, y al no existir reglas claras en el mercado, se reduce la inversión.

Otros estudios han indicado que los problemas de control mono y oligopólico influyen en la inflación estructural, pues al no haber competencia, las empresas fijan los precios en función de optimizar sus utilidades y no en mejorar el bienestar de los consumidores.

El grado de rivalidad entre los agentes económicos es casi nulo y existen elevadas barreras de entrada, lo cual dificulta la participación de nuevos agentes económicos a un mercado determinado.

Las prácticas que restringen la libre competencia generan un gran daño económico al consumidor, afectando su poder adquisitivo y su bienestar. El estudio, basado en el análisis de catorce mercados, enfatiza que los mercados seleccionados en su mayoría forman parte de la canasta básica, fenómeno que afecta los precios de cada uno de los rubros y restringe a la población a suplir sus necesidades básicas.

PROCOMPETENCIA advierte que a través del estudio podrá valorar los casos más graves y “abrir de oficio una investigación” contra aquellas empresas o grupos que violan las leyes y normas de la competencia. Los tribunales han sancionado diversas empresas por práctica anticompetitiva. Entre ellas actos de engaños y confusión, acuerdos de fijación de precios, y hasta acuerdos de fijación de tasas de interés.

Es la primera vez que una institución estatal hace público un estudio de esa magnitud y sobre todo, que revela las sanciones y situación en que se encuentran los casos, pero lamentablemente muchas de estas empresas incurren de amparo, y las sanciones quedan congeladas.

Ojalá que los medios de comunicación contribuyan a la investigación de estos temas y se conviertan en verdaderos fiscalizadores no sólo de las instituciones estatales, sino también de la empresa privada.

*Escritor y desarrollador de aplicaciones educativas

gorki.eduardo@gmail.com

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