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La edición del 27 de agosto de END, trae un interesante texto de opinión sobre la hidroeléctrica Tumarín, firmado por el eminente economista Edmundo Jarquín. Más importantes resultan sus reflexiones porque provienen de alguien experimentado en proyectos internacionales de gran porte y financiamiento. Trátase, por tanto, de un posicionamiento técnico-político que merece consideración, análisis y ponderación detenida. Me permito algunas consideraciones sobre ese texto puesto que allí son comentadas declaraciones que yo hice durante ceremonia reciente.

El Dr. Jarquín desarrolló sus argumentos a partir de mi comparación entre la construcción de la hidroeléctrica de Itaipu, en la frontera Brasil-Paraguay, con la construcción de la planta de Tumarín, en la respectiva historia económica de Brasil y Nicaragua. Para el economista, el paralelismo es válido, siempre y cuando el costo de la energía a ser producida en Tumarín pueda ser comparado al de la energía que es hoy producida por Itaipu.

Sostiene el autor, o lo sugiere, que hay riesgo de que, con aumentos de costos intervenidos en el proyecto Tumarín, el costo final de la energía a ser generada pueda haber sobrepasado la barrera de lo que es económicamente recomendable. Recuerdo, a propósito, que cuando la construcción de Itaipu, ese mismo género de consideración fue formulado por algunos críticos brasileños del proyecto. Sostuvieron ellos, en aquel momento crucial de toma de decisión, que Itaipu era un proyecto caro, que no se justificaba económicamente, que “regalaba” recursos nacionales a un país extranjero, que produciría una energía que demandaría subsidio permanente, etc. La historia no dio razón a esos críticos. Esos análisis no tomaban en consideración un factor fundamental para evaluación de una obra de tal dimensión: el paso del tiempo y las diferentes fases del proyecto en perspectiva de futuro.

Itaipu generó costos que fueran pagados con sacrificio por el presupuesto público brasileño. Pasados casi 40 años de su construcción, la deuda pública que el proyecto generó va siendo amortiguada sin mayor dificultad. Se reduce cada año que pasa y la obra, que proporcionó una fuerte expansión del parque industrial de São Paulo, y proveyó al Paraguay una fuente permanente de ingresos financieros (ese país ha recibido más de cinco mil millones de dólares por resarcimiento de energía generada desde la entrada en operación de la central), puede hoy operar a un costo de producción extremadamente competitivo.

El tiempo trabaja a favor del proyecto Tumarín, así como trabajó a favor del proyecto Itaipu. Habrá, por supuesto, una fase de resarcimiento de los recursos financieros destinados al proyecto. El mismo consorcio constructor de la planta cumplirá la tarea de quitar la factura de construcción con los recursos generados por su operación. Pasados veintiséis años, todo el patrimonio construido revertirá incondicionalmente a la propiedad del Estado de Nicaragua. Al cabo de ese plazo, todos los costos del proyecto serán quitados, lo que permitirá su operación a un costo de obra ya finalizada y liberada de encargos financieros.

Veintiséis años es un período largo en la vida de un hombre, pero muy corto en una saga nacional de construcción de fundamentos económicos sólidos. Menciónese también que el plazo de paso de la planta a la propiedad de Nicaragua puede ser considerablemente reducido si así lo deciden el Estado y los constructores, en negociaciones específicas.

Las condiciones en que un proyecto es realizado, y las obras que lo componen son las determinantes de su costo. La inversión en Tumarín no se limita a la instalación de una generadora. El costo del proyecto comprende también la apertura de una carretera importantísima, no solo para abrir camino a la llegada de materiales a la remota ubicación de la obra, sino también para integrar por primera vez toda una región central del país a la red de varios caminos nacionales. Comprende también la construcción de la línea de transmisión eléctrica que integre la futura planta al sistema nacional de distribución de energía. Comprende, por último, el fundamental aspecto social de la reconstrucción del pueblo que debe desaparecer para dar paso al embalse de Tumarín.

Cada una de esas obras complementarias representa, por sí misma, un beneficio esencial para la economía regional y nacional. Si aumentan el costo del proyecto, multiplican, por otro lado, su alcance social, su generación de empleos, y su efecto integrador en un país que clama por caminos que cada vez más comuniquen sus vertientes oriental y occidental. No llegan, por otro lado, a comprometer la viabilidad económica del proyecto puesto que ése se mantiene en la media de los costos por energía generada verificable en los demás proyectos hidroeléctricos de porte similar a Tumarín, actualmente en estudio o en implementación en la región centroamericana.

El resumen de mi argumentación es el siguiente: 1) el costo del proyecto incluye obras complementarias de fundamental relevancia para el país; 2) el proyecto no puede ser evaluado considerándose exclusivamente en su retorno inmediato, durante la fase inicial de operación (aún cuando ya en esa fase el retorno sea mucho más grande de lo que se puede calcular, tomando por base solamente el valor de la energía generada, ya que también se debe considerar la economía que vendrá inmediatamente en la cuenta-petróleo del país, como el aumento de la productividad que proporcionará a las empresas nicaragüenses). Su efectividad económica tiende a incrementarse decisivamente con el paso del tiempo, tal ocurrió con Itaipu. Hasta el punto en que la obra revertirá a la propiedad y patrimonio productivo del estado nicaragüense, sin encargos, y con todas sus inversiones originales resarcidas. Esa perspectiva de futuro no puede ser olvidada.

*Embajador del Brasil en Nicaragua