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De manera universal, e históricamente desde siempre, a medida que el hombre se fue integrando primeramente a un núcleo familiar, para, posteriormente, pasando por sucesivos estadios de socialización, llegar a conformar el Estado en su concepción actual; nos vemos precisados a reconocer que la organización humana primitiva tuvo que ir creando normas para regirse en comunidad y, así, poder continuar avanzando, lenta, pero progresivamente, hasta llegar al grado de civilización que caracteriza nuestro tiempo. La fuerza bruta tuvo que ir cediendo espacios al entendimiento, al acuerdo, la norma y la ley, hasta llegar a la sublime concepción de la justicia, que ha sido la piedra angular sobre la que la humanidad ha logrado edificar el Estado de Derecho.

El derecho a la propiedad privada, sin lugar a dudas, constituyó inicialmente el principal objetivo dentro de la comunidad para asegurar la paz entre los integrantes de la misma y, una vez lograda ésta, y reconocido también el respeto al derecho a la vida y a la integridad del hombre, consecuentemente tuvieron que proceder posteriormente al establecimiento de las normas que sirvieran para administrar esa incipiente justicia alcanzada; normas éstas que, dejando en el camino, el Código de Manu (Manavecharma-Satra), al Código del Rey Hammurabi, de Babilonia, la Ley de las XII Tablas, las Pandectas, el Digesto y los Codex, de Ulpiano, Modestino, Pomponio y Justiniano, se proyectaron para establecer el derecho hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos, sentando para siempre las reglas básicas del proceso judicial.

Síntesis del contenido de todo ese legado que constituye la invaluable jurisprudencia por la que se rige la humanidad, y acorde con la compilación de las normas generales contenida en esa variada gama de tradiciones, conocimientos y concepciones con respecto a la ley, en particular a lo que atañe a la prueba en materia penal, especialmente a la prueba testifical a rendirse durante el proceso, Vicenso Manzini en su “Tratado di diritto Procesale Italano”, proclama que “en sentido estricto, TESTIMONIO es la declaración, positiva o negativa, de verdad, prestada ante la autoridad judicial en materia criminal, por una persona –llamada testigo– DISTINTA de los sujetos principales del proceso penal, acerca de las percepciones sensoriales recibidas por él, relativas a un hecho pasado y dirigidas al fin, como prueba, en la confirmación de la verdad”.

Manzini sienta la esencia que conforma y configura LA IDONEIDAD como principio absoluto de la prueba testifical. Nicaragua, fiel a esa concepción, afirma y reafirma la contundente fortaleza de tal prueba, condicionándola a la idoneidad que debe prevalecer en los testigos, consignando literalmente en el artículo 1310 del Código de Procedimiento Civil, que “para que los testigos se tengan como idóneos, se debe atender a su edad, capacidad, probidad y condiciones”; condiciones que posteriormente son enumeradas en el Capitulo XV, en los artículos 1353, 1354, 1358 y 1363, que detallan y explican los requisitos indispensables, insalvables, imprescindibles y obligatorios que debe considerar el Juez para valorar la idoneidad de los testigos, sin exponer a estos a la TACHA DE LOS TESTIGOS, derecho éste que tienen las partes litigantes, de conformidad con el Capítulo XVI del Código de Procedimiento Civil, en los artículos que van del 1367 hasta el 1378, y, sin arriesgar a los deponentes a ser juzgados por el DELITO DE FALSO TESTIMONIO, tipificado de manera toral en el Arto. 475 del Código Penal vigente.

Quede pues, bien claro, que “para que la prueba testimonial produzca efecto, es necesario que los testigos tengan los requisitos que la ley exige y que se reciban las declaraciones en el modo y forma que prescribe este Código de Procedimiento Civil”, así como el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, que, de manera concluyente y taxativa, deja sentado que “el testigo no podrá ocultar su identidad ni se le eximirá de comparecer en juicio”. La invocación de la necesidad de proteger al testigo, o la imposición de cualesquiera otros “truquitos judiciales”, pueden acarrear la nulidad de todo lo actuado, o el procesamiento al Juez o a la Jueza que conoce de la causa, por incurrir en el delito de abuso de autoridad por alterar ilegalmente los elementos del proceso; todo de conformidad con el artículo 432 del Código Penal.

Establecer como una norma imperativa que los testigos señalados para rendir declaración en los juicios criminales incoados por los delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero, bienes o activos, y crimen organizado, deban comparecer ante las autoridades judiciales luciendo disfraces o capuchas, es decir como “testigos encapuchados”, es ilegal, y no es cierto que sea para su protección y seguridad; más bien tal medida provoca la sospecha de que lo que se pretende ocultar no sea la identidad de los testigos; los que, debidamente aleccionados y disfrazados con sus capuchas, se encarguen más bien de declarar apegados fielmente al libreto que les imponen, para que de esa manera puedan proteger más eficazmente la identidad de otras personas que actúan en la sombra, cómplices o coautoras, civiles, funcionarios del Gobierno, militares o policiales, que como jefes, capos o “padrinos”, podrían estar implicados dirigiendo las actividades delictivas de las ramificaciones de la mafia local, en sus operaciones delictivas en nuestro país.

 

Managua, 13 de septiembre de 2012.

 

* Abogado