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El reciente fallo de la Corte Centroamericana de Justicia en contra de Nicaragua por no pagar las correspondientes indemnizaciones a ex trabajadores de la DGI refleja la vulnerabilidad de los trabajadores del Estado y pese a las buenas intenciones de algunos diputados para aprobar una partida presupuestaria y pagarles, no se resuelve el problema de fondo.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, los trabajadores del Estado tienen derecho a estabilidad laboral, lo que implica que no pueden ser despedidos sin causa justificada. Asimismo, antes de ser despedidos tienen derecho a que su caso sea conocido por una comisión tripartita donde ellos están representados por medio del sindicato o quien ellos elijan. Adicionalmente, en caso de ser despedidos, los trabajadores tienen la posibilidad que su caso sea revisado por la Comisión de Apelación de Servicio Civil.

El retorno de Ortega al poder implicó una persecución para los sindicatos independientes y los vinculados al partido liberal. La DGI no fue la excepción, Walter Porras despidió a centenares de trabajadores invocando la restructuración referida en el Art. 111 de la Ley de Servicio Civil, un argumento ilegal ya que para ello debía tener aprobación previa de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda.

Debido al despido ilegal, muchos afectados acudían a la Comisión de Apelación de Servicio Civil quien no siempre les brindaba protección a sus derechos laborales y si lo hacía sus resoluciones de reintegro eran desconocidas por la DGI. El otro problema era que, en los casos que los afectados simplemente demandaban el pago de su indemnización por la hostilidad y trato humillante que sufrían en la DGI, la Comisión de Apelación de Servicio Civil no tiene facultad para ordenar el pago de sus prestaciones.

Pero el Viacrucis de los afectados no terminó ahí, acudían ante las autoridades judiciales quienes fallaban a su favor y las sentencias no eran cumplidas por la DGI. De esta manera fueron a parar a la Corte Centroamericana de Justicia, tal vez un mecanismo inidóneo pero que les resultó favorable. Si esta sentencia no es acatada, el abogado de los afectados brindó declaraciones públicas diciendo que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que a mi juicio debió haberse hecho desde un principio.

Los afectados llevan cuatro años o más en este proceso y qué bien que en la Asamblea Nacional algunos diputados estén pensando en incluir una partida presupuestaria para pagar sus indemnizaciones. Sin embargo, esto no resuelve el hecho que se sigan vulnerando los derechos laborales de otros trabajadores del Estado o el clientelismo que el régimen practica con ellos.

Para evitar este flagelo, es necesario fortalecer la autonomía de la función pública y la libertad sindical auténtica. El fortalecimiento de la función pública pasa por la creación de un ente con autonomía funcional y administrativa que concentre el quehacer de la Comisión Nacional de Servicio Civil, Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Comisión de Apelación del Servicio Civil. De igual manera, ese ente autónomo debe tener una presencia territorial amplia y sobre todo sus resoluciones deben tener mayor fuerza vinculante.

En idéntico sentido, rescatar la libertad sindical pasa por impulsar la democratización dentro de los mismos sindicatos. Sufragios libres, secretos y directos en organizaciones sindicales hará que éstas no sean más instrumentos del régimen de turno y verdaderamente defiendan los derechos de sus agremiados.

La construcción y/o defensa de la democracia de un país, pasa por defender los derechos humanos de todos sin excepción.

 

* Miembro de la juventud, Partido Conservador