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La justicia debe aplicarse con imparcialidad, no se juegue hacer de la justicia una arbitrariedad a través de los vicios de la discriminación, personalismos o por simple vanidad y arrogancia investida de autoridad olímpica.

Hace unas semanas fui notificado y corroboré con algunos colegas abogados in situ que el señor Edgar Orlando Altamirano López, Juez Noveno de Distrito Penal de juicio de Managua, con saña desmedida marcó un precedente en el deterioro del principio de Justiciabilidad.

Este señor, divorciándose de los argumentos legales, ante la petición de un colega litigante que reclamaba una reprogramación por la retardación de justicia de que era objeto, le respondió de manera prepotente que la justicia la aplicaba a su manera y, en represalia, restringió su libertad arrestándolo por más de 48 horas, bajo supuesto de desacato a la autoridad, sin ningún asidero legal ni argumentos técnicos donde asentara dicho precepto penal.

Este peligroso precedente marca un hito en nuestra sociedad: el abuso de autoridad de servidores públicos, que carecen de capacidad para la administración de justicia, atropellando la dignidad humana de los ciudadanos.

Este retroceso en la institucionalidad jurídica debería ser un llamado de atención para los abogados litigantes que se ganan el pan en los aglomerados pasillos del Complejo Judicial de Managua, conocido popularmente como Vietnam por las actuaciones mercenarias e impredecibles de algunos jueces.

Que no se permita ni apañe esta postura intransigente porque hoy fue este colega, víctima de los arrebatos encolerizados de este señor, pero mañana puede ser cualquiera de los abogados que ejercemos la profesión en su judicatura.

Me sumo con mi voz, alertando a los diferentes organismos de Derechos Humanos en la observancia del cumplimiento de los derechos fundamentales del individuo, porque no se puede seguir violando el Estado de Derecho para imponer caprichos sobre las leyes.

Este señor violó el Código de Ética de la Corte Suprema de Justicia, los principios del derecho y complementariamente, violentó la mayoría de los Derechos Humanos ratificados por el Estado de Nicaragua como: El derecho a la libertad, el principio de legalidad, derecho al trabajo, libertad de movilización y otros artículos constitucionales como el de ejercer libremente la profesión, etc.

Quiero destacar la beligerancia y apoyo de las asociaciones de abogados y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en la recepción de la denuncia y seguimiento del caso, enfocados en la lucha por la reivindicación de los derechos de este notable abogado, pisoteado y humillado en su dignidad profesional por un emperador de mazo en mano.

Ahora está en las manos de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia atender de manera eficiente la queja presentada en contra de las actuaciones de este Juez y hacer justicia a favor del gremio de abogados, porque lo relevante y delicado del caso no es este hecho en particular sino la responsabilidad del acto y sus repercusiones, que el día de mañana pueden afectar a todos los abogados, que ven personificada en este Juez una mancha del Poder Judicial.

 

* Abogado y escritor.

irvincordero@gmail.com

http://irvincordero.blogspot.com